Este libro se titula Las mujeres del imperio, pero, como los buenos libros, su contenido rebasa lo que anuncia el título. El volumen escrito por Erika Pani es una reflexión amplia y documentada sobre las mujeres en el siglo XIX mexicano, desde la consumación de la independencia hasta la República Restaurada.
Desde las primeras páginas la autora hace consideraciones pertinentes sobre el déficit historiográfico que se arrastra sobre el papel de las mujeres como protagonistas de la historia social y económica, política y cultural del México decimonónico. Acepta Pani el avance que ha habido en los últimos años en el reconocimiento de las mujeres en el panteón heroico de la nación. En billetes del peso mexicano, en discursos del Grito de Independencia en Palacio Nacional, en las mañaneras y en la iconología de la 4T, han ganado visibilidad sor Juana Inés de la Cruz, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra, la Güera Rodríguez o la esposa de Benito Juárez, Margarita Maza.
Pero apunta que ese equilibrio de género en el panteón heroico no necesariamente revierte la relegación más profunda de las mujeres en el relato nacional. Avances más sustanciales pueden localizarse, no en el discurso oficial sino en la historia académica, donde en fechas recientes se ha explorado la forma en que las mujeres se involucraron en la construcción del México republicano, por medio de la actividad empresarial, la participación activa en más de mil quinientos pronunciamientos militares y en cada bando la larga guerra civil mexicana, de más de veinte años, entre la Revolución de Ayutla y el fusilamiento de Maximiliano en el Cerro de las Campanas.
A lo largo del libro, Pani glosa esa historiografía profesional, fundamentalmente, de mujeres sobre mujeres, en el siglo XIX mexicano. Pilar Gonzalbo Aizpuru, Gabriela Cano, Silvia Marina Arrom, Beatriz Alcubierre, Susana Sosenski, María José Esparza Liberal, Aurora Gómez Galvarriato, Angélica Velázquez Guadarrama, Diana Irina Córdoba Ramírez, Alma Parra Campos, Ana Lidia García Peña, Claudia Ceja Andrade, Esther Acevedo e Ixchel Delgado Jordá son algunas, solo algunas de las historiadoras comentadas.
En algún momento, cuando analiza la Constitución de 1857, Pani expone la clave estructural de esa exclusión. Tanto en esta Constitución, como en las que la precedieron desde la federal de 1824, los derechos ciudadanos eran concedidos a los hombres. El rol de las mujeres en la sociedad era circunscrito a la economía familiar y vecinal, al trabajo doméstico y, también, al acompañamiento laico de la Iglesia en un largo periodo en que no hubo concordato entre Roma y la república mexicana.
Además de su función en la familia, en la Iglesia y en las guerras civiles, las mujeres fueron mucho más centrales en la vida económica del México independiente de lo que tradicionalmente se ha pensado. Historiadores como Irina Córdoba, Aurora Gómez y John Tutino han destacado la emergencia de un empresariado femenino en el Bajío y otras regiones de México a mediados del siglo XIX.
Pani menciona el caso de la guanajuatense Francisca de Paula Pérez Gálvez, propietaria de la famosa mina La Valenciana, y sostiene, siguiendo a Córdoba, que la actividad gerencial de las mujeres en el México decimonónico tuvo a su favor el Código de Comercio de 1854, relativamente laxo, vigente hasta 1889, que permitió a muchas mujeres impulsar pequeños negocios de comercio minorista.
La centralidad de las mujeres en el laicado, especialmente en las instituciones de beneficencia y caridad de la Iglesia, provocó una de las primeras intervenciones políticas de género cuando la propuesta inicial del artículo 15° de la Constitución liberal se acercó al principio de la tolerancia de cultos. Cientos de mujeres enviaron reclamaciones al Congreso Constituyente en contra de cualquier avance hacia la libertad religiosa, en una nación católica, ya que se abrirían las puertas al protestantismo y otras creencias heréticas, supersticiosas o impías.
Al debatirse en el mismo Congreso Constituyente los derechos fundamentales, Francisco de Paula Cendejas e Ignacio Ramírez, el Nigromante, propusieron extender las garantías ciudadanas a las mujeres. Una nueva andanada de cartas de señoras católicas llegó al Congreso en protesta, no en contra de la extensión de derechos, sino contra el tono anticlerical del Constituyente. Al final, la presión, respaldada por la jerarquía eclesiástica, logró su objetivo y el artículo 15° fue rechazado.
Pani, que ha estudiado a fondo las guerras civiles en Estados Unidos y México, dedica capítulos convincentes a la participación de las mujeres en las campañas bélicas del liberalismo y el conservadurismo, durante la Guerra de Reforma, y del juarismo y el imperio durante la guerra contra la intervención francesa. Madres, hermanas y esposas cargaban con los niños y ancianos de la familia al campo de batalla y alimentaban a los soldados, curaban a los heridos y daban sepultura a sus muertos. Algunas, como Isidra Jijón de Manzano en Pochutla y María Nicolás en Tlaxiaco llegaron a combatir en cada bando. En Tehuantepec, la figura de Juana Cata unió el liderazgo empresarial, la filantropía benefactora y el compromiso con la causa liberal.
Como en toda guerra civil, fenómeno que Pani conoce muy bien, como prueba su brillante estudio Torn asunder. Republican crisis and civil wars in the United States and Mexico, 1848-1867 (2025), hubo una simetría irreductible en aquel México partido en dos, que se expone a través de escenas de crueldad entre liberales y entre conservadores. Leonardo Márquez, por ejemplo, le dio una paliza a una costurera francesa que intentó auxiliar a heridos del bando liberal en Tacubaya. En Oaxaca, los liberales al mando de Porfirio Díaz propinaron cien latigazos a una mujer acusada de “espiar para el partido de la Iglesia”.
La parte específicamente centrada en las mujeres durante el imperio de Maximiliano recurre a algunas memorias escritas por protagonistas y testigos de aquella experiencia como la condesa Paula Kolonitz, dama de compañía de la emperatriz Carlota, la princesa Inés de Salm-Salm, que intentó convencer a Porfirio Díaz y a Benito Juárez de que le perdonaran la vida a Maximiliano, la viajera y antropóloga estadounidense Sara Yorke Stevenson, y Concepción Lombardo, viuda de Miguel Miramón.
Todas ellas dejaron memorias del imperio, que Pani utiliza para reconstruir el mundo femenino que rodeaba a Maximiliano y Carlota, y también la forma en que se producía la socialización de aquel experimento político en las comunidades femeninas de México. Las biografías de aquellos personajes célebres, con vidas aventureras y exóticas, cuentan en el texto, pero el mayor peso de la reconstrucción está puesto en la interacción entre el imperio y las mujeres mexicanas.
Pani recuerda que Maximiliano y Carlota trasplantaron a México una corte y una casta nobiliaria, rescatando a los descendientes de la nobleza colonial. Carlota misma creó una red nobiliaria femenina, la llamada Orden Imperial de San Carlos, aunque le imprimió un sentido meritocrático. De los 194 nombramientos en dicha Orden, dice la historiadora, menos de la mitad pertenecía a casas reales o aristocráticas. Los emperadores instituyeron audiencias semanales y recibieron innumerables cartas de súbditas que reclamaban trabajos, indultos, ingreso al ejército imperial y hasta pensiones vitalicias, como la que solicitó una mujer que decía provenir de la nobleza azteca.
Carlota aparece aquí como una regente más activa que en otras visiones históricas o literarias del imperio. La dimensión liberal de esta época que Pani desarrolló en su libro Para mexicanizar el Segundo Imperio (2001), se trasmite a través del entusiasmo de la emperatriz con las leyes de 1865 y 1866 sobre la “libertad del trabajo de los jornaleros” y sobre el fundo legal de los pueblos, publicadas en náhuatl. Aquellas leyes, paradójicamente, no se inscribían tanto en el horizonte liberal de la generación juarista sino, como bien dice la historiadora, como algo a “medio camino entre la política paternalista de la monarquía católica y el agrarismo revolucionario”.
Sin embargo, esos rasgos liberales, advierte la autora, no deberían entenderse como parte de una política pública más incluyente o garantista hacia las mujeres. El libro cierra con un brillante pasaje sobre el Reglamento de la prostitución, promulgado por el imperio en 1865, que intentaba normar las casas de citas toleradas y, a la vez, vigilar y fiscalizar a las así llamadas “mujeres públicas”. El reglamento provocaría un efecto imprevisto, como de justicia poética, al propiciar un censo en que aquellas mujeres eran fotografiadas. Los 590 retratos producidos por el Reglamento muestran a mujeres elegantes y orgullosas, que sostenían la mirada dignamente a la cámara.
Estas escenas resumen muy bien el sentido de todo el libro: un retrato de la convivencia entre el imperio y las mujeres o de las mujeres bajo el imperio, donde el artefacto imperial busca reproducir su dominio y las mujeres encuentran la forma de domesticarlo, resistirlo o, simplemente, eludirlo. ~
