Manuel Ramírez Chicharro
Más allá del sufragismo. Las mujeres en la democratización de Cuba (1933-1952)
Granada, Comares, 2019, 332 pp.
A fines del año pasado, en un discurso ante la Asamblea Nacional, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo que antes de la Revolución de 1959 las mujeres se encontraban “en el rincón más oscuro de la casa”. La frase sintetiza el cúmulo de prejuicios sobre el periodo republicano de la historia de Cuba que el discurso oficial ha trasmitido a la población de la isla durante seis décadas consecutivas. Un libro reciente del joven historiador español Manuel Ramírez Chicharro cuenta una realidad muy distinta: el protagonismo de las mujeres cubanas en la lucha por el derecho al voto y al trabajo en la primera mitad del siglo XX.
En 1899, en las provincias más pobres de Cuba, Pinar del Río y Oriente, la alfabetización de las mujeres estaba por debajo del 30%. En 1953, en esos extremos de la isla, cerca del 70% de la población femenina sabía leer y escribir. En aquel mismo año, 1953, de un total de 2 millones 800 mil mujeres, menos de un millón 400 mil, es decir, la mitad, se ocupaba de labores domésticas. Ese avance social de las mujeres se reflejó en la modernidad de las leyes y el dinamismo de la sociabilidad femenina.
En Cuba se alcanzó el sufragio femenino en 1934, tras la Revolución del año anterior contra la dictadura de Gerardo Machado. Solo Uruguay, Ecuador y Brasil antecedieron a la isla en la legalización del voto de las mujeres. Antes de la extensión del sufragio, se hicieron varias reformas al Código Civil que ampliaron los derechos de las mujeres en el matrimonio, la maternidad, el estudio y el trabajo. La Constitución de 1940 recogió todos aquellos avances: declaró punible la discriminación racial y sexual, colocó la familia, la maternidad y el matrimonio bajo la protección del Estado, decretó el ejercicio libre de profesiones y empleos, la igualdad en la administración de bienes y el acceso al salario, además de beneficios concretos para las madres trabajadoras.
Ramírez Chicharro cuenta que los tres gobiernos democráticos que siguieron a aquella Constitución –los de Fulgencio Batista, Ramón Grau San Martín y Carlos Prío Socarrás– impulsaron la institucionalización de una política de género. Se crearon la Asociación Nacional de Retiro Doméstico, las Escuelas del Hogar, la Ley del Seguro de Salud y Maternidad Obrera. Las asociaciones femeninas, que eran varias antes de 1940 –Mujeres por el Sufragio y la Igualdad de Ciudadanía, Cooperativa Internacional de Mujeres, Consejo Internacional de Enfermeras, Federación Internacional de Mujeres Universitarias, Asociación de Mujeres Cristianas–, se reprodujeron a partir del Congreso Internacional Femenino de 1939. Los principales partidos políticos de los años cuarenta –el Partido Revolucionario Cubano (Auténtico), el Partido Socialista Popular (Comunista) y el Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo)– tuvieron sus respectivas secciones femeninas. Mientras que instituciones de la sociedad civil, como el Lyceum and Lawn Tennis Club de La Habana o la Hispano-Cubana de Cultura, destacaron en la lucha por los derechos de las mujeres.
Las mujeres cubanas alcanzaron una posición minoritaria, muy lejos de la paridad, en el poder legislativo del Estado: entre 1936 y 1952 solo hubo tres senadoras y veinticuatro representantes. Algunas como María Gómez Carbonell, Mariblanca Sabas Alomá, Zoila Mulet de Fernández-Concheso y Zoila Leiseca llegaron a desempeñar funciones ministeriales. A través de organizaciones como la Federación de Mujeres Cubanas y la Alianza Nacional Feminista, líderes como Elena Mederos, Ofelia Domínguez Navarro, Blanche Zacharie de Baralt, Patria Mencía de Krizman y Teresa Casuso ocuparon cargos diplomáticos en diversas embajadas y ante la onu, la Comisión Interamericana de Mujeres, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la Federación Democrática Internacional de Mujeres y otras organizaciones internacionales y regionales.
Tras el golpe de Estado de Fulgencio Batista en 1952, los capítulos femeninos de los principales partidos políticos se opusieron al nuevo régimen. Ciertas asociaciones como el Frente Cívico de Mujeres Martianas y las Mujeres Oposicionistas Unidas respaldaron la lucha armada, en contra de la posición de las comunistas que, a la vez que sostenían una subordinación del enfoque de género al de clase, privilegiaban la oposición pacífica a ese gobierno autoritario. Entre las dirigentes comunistas que jugaron un papel destacado en las reuniones del Consejo Mundial por la Paz, red impulsada por el bloque soviético durante la Guerra Fría, se encuentran Mirta Aguirre y Edith García Buchaca.
Al igual que en la lucha contra el racismo, documentada por Alejandro de la Fuente, Aline Helg y otros historiadores, en la primera mitad del siglo XX el feminismo cubano debió enfrentarse no solo al machismo sino a una ideología profundamente republicana que, a la vez que alentaba el asociacionismo civil, rechazaba la politización de la comunidad femenina. En la citada Constitución de 1940, junto con el avance en los derechos sociales de las mujeres, se negaba la posibilidad de formar “agrupaciones políti- cas de sexo o raza”. Dentro del propio movimiento feminista predominaba una mentalidad de género que entendía los derechos de las mujeres como un conjunto de demandas estrictamente sociales.
En este y otro libro anterior de Ramírez Chicharro, Llamada a las armas. Las mujeres en la Revolución cubana (1952-1959) (2019), se describe esa tensión entre feminismo y republicanismo. Una tensión, valga el recordatorio, que se sigue arrastrando en buena parte de la legislación latinoamericana y caribeña contemporánea. En Cuba, como acaba de comprobarse en la más reciente Constitución de 2019, el marco jurídico carga todavía con residuos de un marxismo-leninismo de inspiración soviética que acentúa la premisa republicana de aspirar a una ciudadanía homogénea. ~
(Santa Clara, Cuba, 1965) es historiador y crítico literario.
