Desde hace más de cuatro décadas Semanario Zeta es uno de los referentes en el periodismo de investigación. Sus trabajos sobre narcotráfico, corrupción en los gobiernos locales, violencia en la frontera y tráfico de armas han hecho que sus colaboradores y directivos estén en la mira del crimen organizado y de los funcionarios corruptos. Adela Navarro Bello, quien desde 2006 dirige Zeta junto a César René Blanco Villalón, ha vivido en carne propia los retos que representan difundir y defender la verdad en un país donde más de treinta periodistas han perdido la vida en menos de tres años.
Es una historia larga. Acabamos de celebrar 42 años de fundación. Zeta comienza el 11 de abril de 1980 porque el 2 de noviembre de 1979 el gobierno del estado de Baja California, entonces encabezado por Roberto de la Madrid Romandía, le quitó un periódico a Jesús Blancornelas, a través del sindicato de la CTM que manejaba las prensas. En respuesta, Blancornelas decidió hacer un periódico que se produjera desde Tijuana, pero se imprimiera en El Cajón, California, una ciudad a cuarenta minutos de la línea fronteriza. Esa fue la manera que encontró Blancornelas para no depender del gobierno de la república, que controlaba el papel. Eso nos permitió y nos permite hasta el día de hoy garantizar nuestra libertad de prensa.
No fue fácil en el inicio. Blancornelas decía: tengo que hacer un periódico hecho por periodistas, que no tenga otros intereses más que el periodismo, que no sea propiedad de algunos empresarios o de algún partido político. Hubo muchos obstáculos. En diversas ocasiones, el gobierno del estado compró ediciones de Zeta para que la información no llegara a los lectores. En 1987 balacearon las oficinas del semanario.
En 1988 asesinaron a uno de nuestros fundadores, Héctor Félix Miranda. En su momento detuvieron a los dos asesinos materiales, pero hasta la fecha nunca se ha investigado al autor intelectual. El principal sospechoso es Jorge Hank Rhon. En aquel entonces las personas que asesinaron a Héctor –y que purgaron condenas de veinticinco y veintisiete años de prisión por el crimen del periodista– trabajaban para Hank Rhon. Armas y vehículos implicados fueron encontrados en el Hipódromo de Agua Caliente, de su propiedad. Sin embargo, jamás se le investigó, y además recontrató a los asesinos, una vez que cumplieron sus condenas.
Otro lamentable y fatal ataque que tuvimos fue en 1997 cuando atentaron contra la vida de Jesús Blancornelas. Aunque él salvó la vida, su asistente y escolta Luis Valero murió. Investigaciones periodísticas nuestras y posteriores de la Procuraduría General del estado determinaron que nueve integrantes del cártel Arellano Félix habían participado en la emboscada. Algunos de los asesinos están en prisión por otros delitos como secuestro, narcotráfico y delincuencia organizada, pero no por el asesinato de Valero o el atentado a Blancornelas. De los hermanos Arellano, Ramón fue asesinado en el 2002 y Benjamín fue detenido ese mismo año y extraditado a Estados Unidos. Sin embargo, ni en México ni en Estados Unidos el atentado a Blancornelas forma parte de sus expedientes criminales. A partir de ese hecho, Blancornelas vivió los siguientes nueve años escoltado por catorce elementos del ejército mexicano con armas largas, que lo cuidaban las veinticuatro horas. No podía hacer periodismo de campo en esas condiciones ni tampoco podía llevar su vida.
En junio de 2004 éramos cinco editores y miembros del consejo editorial del Semanario Zeta. Al día siguiente de que asesinaran al editor Francisco Javier Ortiz Franco, dos editores se fueron. Aquella semana solo estábamos Jesús Blancornelas y yo para terminar el número del semanario. Fue la época más difícil para él, en la que consideró cerrar el periódico. Blancornelas decía que nada más faltaba que me mataran a mí y que no quería eso. Me dijo: “Adela, no vale la pena otra vida más por esto. Debemos entender que en México no existen las condiciones para ejercer el periodismo de investigación que estamos haciendo, que preponderantemente es sobre la corrupción institucional, sobre gobiernos abusivos, sobre su colusión con el crimen organizado y los cárteles de la droga y, por supuesto, sobre el narcotráfico.”
Yo lo convencí. Me tomó varios días, no fue nada fácil. Le dije que no podíamos dejar que ganaran, que esa era la forma de acabar con un medio de comunicación. Asesinar periodistas era callar a los medios de comunicación y deshacerse de ellos. Que no podíamos permitirles ganar esa guerra y que se lo debíamos a la gente de nuestro equipo que había sido asesinada: Héctor, Pancho, Luis. Lo convencí y, en una semana, rehicimos el equipo, convocamos a un consejo editorial y volvimos a contratar reporteros para seguir adelante. En 2006, antes de que falleciera de cáncer de pulmón, Blancornelas me dijo que sería la directora, al lado de su hijo, César René Blanco Villalón.
Una de las primeras decisiones que tomamos César y yo fue que íbamos a continuar haciendo periodismo de investigación en temas de narcotráfico, que no íbamos a dar un paso atrás, pero que, para cuidar la integridad de nuestros reporteros, firmaríamos como “Investigaciones Zeta” todos aquellos textos donde reveláramos información con nombres, imágenes, modus operandi, colusión entre narcotraficantes y gobierno. A Francisco Ortiz Franco lo asesinaron porque unas semanas antes había publicado un reportaje, dando a conocer a la nueva generación de integrantes del cártel Arellano Félix. Él había encontrado unas fotografías en un afiche del FBI, donde todos los retratados aparecían con la misma corbata y el mismo saco. Más tarde descubre que esto se debía a que todos ellos habían sido citados el mismo día, para darles credenciales apócrifas de la policía judicial. Cuando Francisco Javier Arellano Félix lee el reportaje manda a asesinar a Ortiz Franco. Lo mismo pasó con Blancornelas que, días antes de sufrir el atentado, había estado publicando el testimonio de la madre de dos jóvenes que habían sido sicarios de los Arellano Félix.
En la mayoría de las ocasiones que han amenazado a la generación actual del Semanario Zeta, fui notificada por autoridades de Estados Unidos. En 2010, recibí la llamada de un funcionario del Departamento de Estado de aquel país donde me decía que la dea había intervenido algunos teléfonos y había encontrado una conversación donde Juan Francisco Sillas Rocha le decía a un jefe de sicarios que me asesinaran a mí, a René y también a la editora general, Rosario Mosso. El funcionario me ofreció protección en Estados Unidos si me iba para allá.
Yo tomé la decisión de no irme porque a qué me voy, qué voy a hacer en otro país, yo he hecho toda mi vida en México, aquí nací, aquí trabajo, yo tengo una pasión enorme por el periodismo, defiendo la libertad de expresión. Entonces le dije que agradecía el ofrecimiento, pero que me quedaba en el Semanario Zeta. En ese momento, le hablé a un general del ejército mexicano que conocía, le platiqué lo que me acababan de comentar, me pidió algunos minutos para confirmarlo y que no abandonara la oficina, que me iba a poner a media escolta y que le diera unos quince días o un mes para detener a los asesinos. Pasaron tres meses y fue realmente una de las épocas más difíciles para todos en Zeta porque, insisto, no puedes hacer periodismo, en mi caso, con siete hombres armados que dormían en mi cochera y uno afuera de la ventana de mi recámara, y que revisaban todo mi domicilio antes de que yo entrara.
Nos cambió la vida a todos. En lo profesional teníamos que idear la forma de encontrarnos con nuestras fuentes sin que los del ejército se dieran cuenta, para que la fuente pudiera seguir confiando en nosotros y no se sintiera espiada. Afortunadamente detuvieron a los sicarios y nos retiraron la escolta, fuimos de nuevo libres como el viento, como es nuestro lema, y seguimos adelante. Para el 2012 recibimos otra amenaza, en el 2014 otra más, en diciembre de 2017 fue la más reciente, de parte del cártel Jalisco Nueva Generación. En todos los casos, insisto, menos el último, la información provino de autoridades de Estados Unidos. En el caso del cártel Jalisco Nueva Generación, una autoridad de Baja California, que había intervenido de manera legal los teléfonos de los criminales, se enteró que había una orden para asesinarnos y nos avisaron.
A los 33 periodistas asesinados en los últimos tres años se suman las presiones del gobierno. Hemos sufrido presiones por parte de gobiernos municipales, estatales y federales. En la época del presidente Peña Nieto, las presiones fiscales fueron tremendas. También con el actual gobierno hemos recibido requerimientos extrañamente insistentes del SAT, del Seguro Social, del Infonavit. Cuando nos negamos a hacer un pacto con el exgobernador de Baja California Jaime Bonilla Valdez, que quería ampliar su mandato más allá de los dos años para los que había sido elegido, este emprendió una campaña de desprestigio contra el semanario y contra mi persona. La forma más común que tiene un gobierno de presionar a un medio o de beneficiarlo es con la propaganda institucional. A menudo estamos a dos fuegos: presionados por el gobierno y amenazados por el narcotráfico.
Si se ejerciera el Estado de derecho en este país, los periodistas no necesitaríamos protección. El mensaje debería ser que si alguien comete un delito contra un periodista acabará en prisión. Pero el mensaje es el contrario: existe una alta probabilidad de que si matas a un periodista no termines en la cárcel. Nosotros rechazamos en dos ocasiones el Mecanismo de Protección porque, en ese entonces, incluía a dos escoltas de la Policía Federal, así que les dije: “¿Cómo voy a permitir que dos personas de la policía más corrupta que existe en el país estén al lado mío? Me van a espiar y le van a mandar la información a quién sabe quién.”
Con el caso de Linares acabaron con un medio, Monitor Michoacán. Primero mataron a Roberto Toledo y luego a él. Los asesinos lograron su cometido: ya no existe el medio. ¿Quién fue? Ya sea que hayan sido las autoridades corruptas, el narcotráfico o una mezcla de los dos, se salieron con la suya. El caso va a seguir en la impunidad porque evidentemente están responsabilizando al periodista de su propia muerte.
Al momento de su atentado, Blancornelas tenía escoltas; Francisco Javier Ortiz Franco, también, aunque el día de su asesinato había pedido que no lo acompañaran, porque quería desayunar con sus hijos. Las terribles experiencias que hemos vivido nos dejan en claro una cosa: ninguna escolta, por más grande que sea, te va a salvar si alguien con toda la impunidad te quiere asesinar. A Francisco lo estuvieron siguiendo durante dos semanas y ni él ni sus escoltas se dieron cuenta. Los criminales tienen siempre la ventaja, no sabes que te van a matar. Entonces no hay mecanismo que funcione contra eso.
Y el mecanismo en el que estaba Lourdes funcionaba todavía menos. Consistía en que tenía un teléfono directo a la Policía Municipal por si se sentía en peligro. También había una patrulla que, así como va a los comercios a revisar y firmar, iba a su casa a revisar y firmar a determinadas horas del día. Es más que evidente que no funciona. En el caso de Margarito Martínez, otro periodista de Tijuana asesinado este año, él se había acercado al mecanismo, después se convenció de que no era necesario y más tarde lo terminaron asesinando prácticamente en las mismas condiciones que a Lourdes Maldonado.
En México las condiciones, no nada más para los periodistas, sino para muchos trabajadores, son muy precarias. Los medios independientes batallamos con los ingresos. Nosotros a veces nos vemos en la disyuntiva de qué pagar: si la nómina, los impuestos o a los proveedores, ¿cómo le hacemos? Y ahí estamos estirando todo porque somos un periódico pequeño. Creo que es importante apelar a la conciencia. En el periodismo también hay sueldos muy altos para personas que no necesariamente están en la línea de batalla y no son amenazadas, entonces tal vez sí hay inequidad en ese sentido. Haría falta, en todo caso, una revisión con las empresas de medios y la propia ley. La ley establece un salario mínimo para los periodistas, que es muy mínimo y que incluso a veces no les alcanza. Hemos escuchado casos terribles. Rosario Mosso, la editora general de Zeta, acudió recientemente a la convención nacional de periodistas en Chiapas. Ahí, unos colegas chiapanecos y zacatecanos estaban diciendo que los portales les pagaban veinte pesos por nota publicada. Tú podías hacer diez notas al día, pero si nada más te publicaban cinco te pagaban solamente esas cinco. Tenemos compañeros trabajando en esas condiciones inhumanas y terribles. Sí creo que se necesita una gran reforma y apelar también a las empresas de comunicación. Desafortunadamente, la situación obliga a muchos compañeros a buscar ingresos fuera del ámbito periodístico y hay gente, como Margarito, que trabajaba para siete medios de comunicación distintos, entre ellos el Semanario Zeta. En unos estaba en nómina y en otros estaba por fuera y es así como lograba sacar adelante a su familia. Es un hecho que los gobiernos se valen de esta situación para decir que alguien no era periodista. No tienes que dedicarte exclusivamente al periodismo para ser periodista. Hay casos en Chiapas de periodistas –muy valientes, muy responsables con su trabajo periodístico– que fueron asesinados, pero que tenían otros trabajos para sobrevivir.
Por supuesto que contribuye. La “mañanera” pasó de ser un ejercicio de información a ser un ejercicio de inquisición por parte del presidente de la república. Él dice que es su derecho de réplica, pero yo no he visto en ningún momento que él ejerza ese derecho, diciendo: “Aquí está el documento que prueba que lo que está publicando Reforma es falso.” Es simplemente su palabra o la de Ana Elizabeth García Vilchis, que es quien le hace el trabajo sucio, contra las publicaciones documentadas. En el caso de la Casa Gris, el presidente debió demostrar que su hijo tiene un trabajo lícito y no tuvo conflicto de interés, tendría que haber dado pruebas de que tenía recursos para pagar una renta elevada. Yo nunca vi que el presidente hiciera eso. Al contrario, exhibió los supuestos sueldos de un periodista que divulgó el reportaje, ni siquiera de quienes lo investigaron. El reportaje de Raúl Olmos, Verónica Ayala y Mario Gutiérrez Vega es un buen reportaje, está bien documentado. Tal vez podrías considerar que hace falta agregar algo o seguir otra línea de investigación, pero está bien integrado. Y ante eso, el presidente no se fue contra quienes hicieron el trabajo periodístico, sino contra quienes lo divulgaron. Lo que sucedió con Carmen Aristegui es impresionante porque fue una periodista muy aplaudida, en el pasado, por López Obrador, quien ahora –ya en el poder– dice sentirse engañado por ella. La realidad es que los medios independientes en este país –y quienes nos dedicamos al periodismo de investigación– no nos cambiamos de posición, el que cambió de posición fue el presidente de la república. Él estaba de nuestro lado y ahora no.
Esto es mucho de pasión: pasión por el periodismo de investigación, pasión por la libertad de expresión. A lo mejor no vas a vivir de ello económicamente, pero sí vas a vivir de ello moralmente y vas a alimentar tus principios y tus valores respecto al compromiso que tienes con tu sociedad. ~
estudió literatura latinoamericana en la Universidad Iberoamericana, es editora y swiftie.
es músico y escritor. Es editor responsable de Letras Libres (México). Este año, Turner pondrá en circulación Calla y escucha. Ensayos sobre música: de Bach a los Beatles.
