A
un par de semanas de iniciado el sexenio de Felipe Calderón,
el gobierno federal anunció un operativo en el estado de
Michoacán contra el crimen organizado, que después se
reproduciría en otras entidades de la República. Frente
a estas acciones del gobierno federal, se han presentado dos tipos de
reacciones. Por un lado están quienes alaban sin cortapisas
estos operativos y que auguran ya una derrota del narco. Los que eso
dicen creen que esta guerra se puede ganar, aunque nunca acaban de
definir bien a bien qué significa eso. Por otro lado están
quienes desconfían profundamente del gobierno de Calderón,
que ven en los operativos pura propaganda con fines electoreros y que
están convencidos que la guerra contra el narco está
perdida de antemano. Este grupo de personas piensa que la situación
no sólo no va a mejorar con los despliegues
policiacomilitares, sino que incluso es muy probable que aumenten las
violaciones a los derechos humanos. Desde luego que un elemento clave
para poder hacer una evaluación precisa de estos esfuerzos del
gobierno es la definición de sus objetivos.
Hay
quienes suponen que la meta final de estas acciones es acabar con el
narcotráfico, lo cual para muchos significaría que en
este país no se produzca ni circule un gramo de droga ilícita.
Sin embargo, la verdad es que todas los indicios disponibles sugieren
que este objetivo es imposible. No hay ningún país del
mundo que lo haya logrado y, después de cien años de
vigencia del régimen punitivo contra las drogas, no se ve cómo
un despliegue militar pueda acabar con el tráfico de drogas
ilícitas. Pero a pesar de la imposibilidad de acabar con el
narco, no se puede deducir que los operativos desarrollados por
Calderón en Michoacán y otros estados sean inútiles.
En realidad buscan básicamente definir las reglas del juego
con los narcotraficantes. Esto es, definir qué se vale y qué
no se vale.
Y claramente, en esta definición lo que no se vale
es el grado y el tipo de violencia que hemos presenciado en los
últimos dos años en varios estados de la República,
donde se ha registrado un aumento en las ejecuciones del crimen
organizado y una saña peor, como lo sugieren las
decapitaciones que han proliferado en Michoacán. En otras
palabras, lo que buscan los operativos, como dijera el propio
secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, al
referirse a la “Operación Conjunta Michoacán”, es
“proporcionar niveles de seguridad que hagan viable la vida
ciudadana”.
La
meta no es acabar con el negocio del narcotráfico, lo cual, a
pesar de representar algo muy loable, es simplemente imposible. Se
busca sólo que haya un mínimo de orden, un mínimo
sentido de aplicación de la ley. Se trata de que la gente
pueda salir a la calle a hacer sus actividades normales sin
encontrarse súbitamente en medio de una balacera o toparse en
el camino con un cuerpo decapitado. Se trata de que los empresarios
hagan negocio sin sentirse amenazados. Se trata, en suma, de que
México no parezca un país en guerra civil, donde la
violencia alcanza rasgos inaceptables.
Desde
esta perspectiva, es probable que los operativos lanzados por el
gobierno de Calderón tengan éxito. Finalmente, lo que
se busca es reducir los niveles de violencia –entre los propios
narcos– al punto en que éstos no afecten la vida cotidiana
de la población. Desde luego que siempre se puede preguntar
cuáles son esos niveles. Y la verdad es que no hay una
respuesta precisa.
Suponer que la violencia derivada del narcotráfico
va a desaparecer totalmente es también una ilusión.
Dado el carácter ilegal que tiene esta actividad, la violencia
es consustancial a ella. Un traficante de drogas ilícitas no
puede demandar ante un tribunal a otro traficante por haber invadido
sus rutas. Tampoco puede acudir ante un juez para reclamar el pago de
un cargamento de cocaína. Lamentablemente para la sociedad, el
único mecanismo que tienen los narcos para ajustar sus
diferencias con autoridades, clientes y competidores es la violencia.
De esta forma, siempre habrá un grado de violencia en la
operación del negocio.
Sin
embargo, está claro que lo que hemos visto en los últimos
dos años es un incremento de la brutalidad que no responde al
manejo regular del narcotráfico, sino a una guerra entre
cárteles que ha venido escalando. Y ése es el mensaje
que mandan los operativos de inicio de sexenio. Mensaje que muy
probablemente será recibido. Por ello, aunque los operativos
se terminen, es factible esperar que los niveles de violencia que
hemos visto en los últimos dos años no regresen. Si
ello ocurre, el Estado mexicano volverá a atacar con todas sus
fuerzas, porque simplemente no va a tolerar más decapitados.
Así
pues, como resultado de estas acciones contra el crimen organizado,
es probable que varios estados recuperen la tranquilidad necesaria
para que la población pueda realizar sus actividades
cotidianas. Ello no significa, desde luego, el fin del narcotráfico,
pero sí implica una diferencia sustancial en la vida de los
mexicanos. Y la verdad es que ése no es un logro menor. ~
