No es fácil encontrar en la Ciudad de México a alguno de los 61 miembros del Comité Patriótico de Concientización del Pueblo, esos que, el pasado 18 de diciembre, marcharon en protesta por los abusos de la justicia militar. Según personas cercanas a los círculos militares, los que no fueron arrestados han sido dispersados por el país. Su líder, Hildegardo Bacilio Gómez, está prófugo.
De cualquier manera, el movimiento comenzaba a perder foco.
Bacilio, médico militar con grado de teniente coronel, había sido enviado a prisión en septiembre de 1997 por desobediencia e insubordinación. Permaneció allí unos días y luego fue puesto en libertad condicional, lo que en justicia militar significa presentarse a pasar lista a las siete de la mañana y abandonar la prisión castrense a las doce del día. Los militares sometidos a esta disciplina no pueden trabajar. Además, pierden prestaciones y las autoridades les reducen el sueldo en casi un 90%. Durante los siete meses que duró su condena, dijo Bacilio en una entrevista a Reforma, fraguó junto con otros 100 compañeros la idea de organizar el Comando y realizar esa marcha de protesta, que mantuvieron en estricto secreto para que las autoridades militares no la frustraran. El día del acto, los integrantes del Comando salieron del Campo Militar Número Uno, donde está la prisión castrense. Se dirigieron en grupos de cinco al Paseo de La Reforma e iniciaron la marcha encabezada por la bandera nacional y el estandarte de la Virgen de Guadalupe.
EL MOVIMIENTO SE DESVÍA
En pocos días Bacilio se convirtió en un personaje público. Llamó a crear un frente amplio de resistencia civil contra la política económica y la corrupción. Dijo más tarde que su inspiración no había sido el general José Francisco Gallardo, el militar recientemente sentenciado a 28 años de prisión, autor de varios textos sobre la necesidad de un ejército más justo, sino el Subcomandante Marcos. Dijo, además, que admiraba al recién electo presidente de Venezuela, el polémico Hugo Chávez. Bacilio pidió luego que se destituyera al secretario de la Defensa, el general Enrique Cervantes Aguirre, y que se le consiguiera un boleto a Venezuela, donde quería exiliarse.
En enero, la Secretaría de la Defensa contraatacó. Autoridades militares detuvieron a cinco tenientes del Comando, que intentaron, sin éxito, entregar una carta en contra del secretario de la Defensa en Los Pinos y el Palacio Nacional. También giraron una orden de aprehensión en contra de Bacilio.
Con tantos vericuetos ideológicos, el Comando perdió fuerza; es improbable que Bacilio pueda presionar por una mayor apertura en el ejército desde su escondite. Sin embargo, el desafío que él y otros militares disidentes han lanzado desde hace unos años sigue aún sin respuesta. ¿Debe el ejército modificar su sistema de justicia militar para hacerlo más transparente y, en última instancia, menos autoritario, más humano? ¿Dañaría esto al sistema de mando?
Hasta hace poco, las fuerzas armadas habían permanecido en la sombra de la vida pública, pero, de unos años a la fecha, la importancia del ejército ha crecido enormemente. No sólo el levantamiento zapatista lo ha puesto en el centro de todas las miradas, sino también la decisión del Ejecutivo de involucrarlo en las tareas de seguridad pública y la lucha contra el narcotráfico. Entre 1995 y 1998 el presupuesto destinado a la Secretaría de la Defensa se duplicó, mientras que otras dependencias han tenido que hacer serios ajustes debido a las adversas condiciones de los mercados internacionales. Y sin embargo, a diferencia de muchas otras instituciones y procesos que en el mismo periodo se han hecho más transparentes, el ejército sigue siendo un feudo cerrado.
Precisamente la arbitrariedad del sistema de justicia militar ha sido uno de los puntos más criticados por los disidentes de las fuerzas armadas. En pocas palabras, el problema es que los militares acusados no tienen ninguna garantía de que el proceso será equitativo. Según Ricardo Benítez, investigador de la Universidad Nacional y especialista en asuntos castrenses, el código de justicia militar es muy atrasado. Fue modificado por última vez en los años treinta, y respondía a las necesidades de justicia de un ejército derivado de la Revolución, un ejército campesino —dice Benítez— que necesitaba de un poder vertical, y no tenía el profesionalismo de ahora”. En el ejército, el sistema judicial no tiene independencia alguna. Los jueces, los testigos, el ministerio público: todos dependen del secretario de la Defensa y son parte del mismo sistema jerarquizado.
Después de décadas de silencio, la sociedad comienza a enterarse de los problemas de ese sistema. Además de los 61 militares que desfilaron a finales del año pasado, se han hecho públicos otros casos que ponen en evidencia la rudeza de la justicia militar. Al coronel Pablo Castellanos García, por ejemplo, se le acusó a mediados de 1997 de filtrar documentos a la revista Proceso, que publicó un reportaje revelador sobre los aparentes nexos entre las fuerzas armadas y el narcotráfico. Según la defensa, el coronel no filtró los documentos ni conocía al periodista Carlos Marín, autor de la nota. Las autoridades, sin embargo, encarcelaron a Castellanos y sacaron a la familia del coronel del departamento que ocupaba en una unidad habitacional de la SEDENA.
El general retirado Luis Garfias también ha denunciado en numerosas ocasiones los abusos a los que son sometidos los militares. Dice Garfias (quien después de ser diputado por el PRI, y presidente de la Comisión de Defensa Nacional, se pasó al Partido de la Revolución Democrática) que él mismo fue víctima en tres ocasiones de intempestivos traslados de sede, todos asociados a los caprichos de sus superiores. En un reciente artículo que publicó en Forum (una revista de corta circulación que desde los escritos de Gallardo se ha convirtido en un medio de expresión de asuntos militares), Garfias denuncia el sistema de promociones que ha regido en el ejército desde que él tiene memoria. El general pinta un sistema tan venal como el sistema político mexicano, pero aumentado por la inmunidad y el poder extraordinario de que gozan sobre sus subordinados los altos mandos de las fuerzas armadas.
Sin embargo, ningún caso describe mejor los problemas del sistema de justicia militar que el de Gallardo.
El general fue encarcelado el 9 de noviembre de 1993, por malversación de fondos y destrucción de propiedad gubernamental por un total de 26 mil pesos. El delito que le imputaron tuvo lugar cinco años antes, mientras era jefe de la Villa Ecuestre del ejército, pero vino un mes después de la publicación de un fragmento de su tesis de maestría, “La necesidad de un ombudsman militar en México”, en Forum. A los pocos días de la detención, los fiscales acusaron a Gallardo de difamación del ejército. Durante el proceso, los cargos siguieron creciendo, incluyendo fraude, abuso de autoridad y enriquecimiento ilegal. Pero, de acuerdo con su hijo Vinicio, cuando la defensa recurrió a los tribunales civiles los jueces no lo encontraron culpable.
Finalmente Gallardo fue sometido a un juicio que, por primera vez en la historia, fue público. A principios de 1998, los tribunales militares lo condenaron a 28 años de prisión por los delitos de malversación de fondos, destrucción de la propiedad militar y enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con la familia del general, en realidad sus problemas comenzaron en 1989, cuando era jefe de los establos militares y se rehusó a hacer compras a través del sobrino del secretario de la Defensa, quien probablemente se llevaría una tajada. Gallardo fue sentenciado a un año de prisión por cargos de malversación de fondos, fraude, daños a la nación, daños en propiedad ajena y abuso de autoridad, y más tarde perdonado por una corte civil por falta de evidencias en todos los delitos excepto uno: abuso de autoridad. Gallardo salió a la calle, pero se amparó contra la decisión del juez. El amparo tardó dos años en resolverse, de 1991 a 1993. Gallardo, que tenía que pasar lista en el Campo Militar Número Uno como Bacilio, y en el mismo horario, se matriculó en la UNAM para estudiar la maestría de Administración Pública y Ciencia Política. También se inscribió a un diplomado de la Comisión de Derechos Humanos, sobre el ombudsman, y a otro en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, sobre escenarios estratégicos internacionales. Terminó los créditos universitarios en dos años y comenzó a elaborar su tesis sobre el ombudsman militar. En 1993 publicó en Forum un borrador de la misma.
EL DEFENSOR DEL SOLDADO
El artículo de Gallardo es una descripción del origen y funcionamiento de esta figura en Suecia. Termina, sin embargo, con algunas preguntas sobre el papel del ejército en el país:
¿Por qué si el ejército es una institución que se torna garante de las demás garantías se violan impunemente los derechos inherentes a la dignidad de los soldados y oficiales? ¿Por qué la impartición de justicia del ejército es selectiva y por tanto discriminatoria? […] ¿Por qué han de quedar en la impunidad los hechos degradantes y crueles que socavan la dignidad moral del ejército, como única justificación para hacer respetar la disciplina?
Creemos conveniente la creación de un ombudsman de las fuerzas armadas para frenar la prepotencia y el poder absoluto de los mandos militares.
La familia de Gallardo, su esposa, tres hijos mayores y una menor de cuatro años, han sido muy exitosos en llevar el caso del general a los organismos internacionales y no gubernamentales. En mayo de 1994, los abogados de Minnesota en favor de los Derechos Humanos emitieron una recomendación favorable a Gallardo. En el mismo año, Amnistía Internacional lo adoptó como preso de conciencia. En octubre de 1996 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de estudiar el caso, decidió recomendar que el gobierno de México liberara inmediatamente al general, así como investigar a los responsables de la campaña de hostigamiento. PEN Internacional lo hizo miembro honorario de las secciones de Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y México. El parlamento uruguayo votó por unanimidad pedir a la embajada de México la liberación del general.
En México, en cambio, el caso ha sido recibido con más frialdad. Vinicio dice que esto es así porque, a diferencia de los medios impresos y la radio, la televisión no le ha prestado mucha atención a su padre.
Pero también es cierto que los militares disidentes y los estudiosos no han cerrado filas. Bacilio hizo todo lo que pudo por deslindarse del general. Si bien está de acuerdo con la necesidad de transparentar algunos procesos dentro del ejército, el general Garfias, por ejemplo, dice no estar de acuerdo con la idea del ombudsman y no metería las manos al fuego por la honorabilidad del general, (aunque la familia ha logrado demostrar a la prensa que viven en condiciones más bien modestas).
Benítez dice que Gallardo no ha sido ajeno al sistema que ahora acusa. Ascendió muy rápido por estar cerca del entonces secretario Juan Arévalo Gardoqui (Gallardo fue el general brigadier más joven del ejército) para luego convertirse en víctima del grupo contrario, encabezado por el ex secretario Antonio Riviello Bazán y secundado por el actual secretario. “Hay mucho subjetivismo por parte de la defensa —dice Benítez— y mucha dureza por parte de la justicia”.
Actualmente, la familia espera a que los tiempos políticos cambien. “Desgraciadamente no vemos su liberación en el corto plazo”, dice Vinicio, quien ha sido golpeado por personas que dicen saber quién es su padre. “Mi padre es un preso de conciencia, un preso político, un preso militar.” –
