En nuestro paรญs los jueces estรกn asumiendo un protagonismo polรญtico que deberรญa estar circunscrito a las funciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo. No se trata de que se hayan extralimitado en sus capacidades, sino que, de forma creciente, los partidos recurren a ellos para resolver entuertos de naturaleza polรญtica, bien por incapacidad para abordarlos desde el gobierno y el parlamento, bien para evitar los costes electorales derivados de su gestiรณn.
En el aรฑo que precediรณ a la toma de posesiรณn de Sรกnchez, la Justicia tuvo una actuaciรณn tan destacada que casi se podrรญa hablar de un gobierno de los jueces. Un gobierno de los jueces y del PNV. La falta de liderazgo de Rajoy y del PP ante la amenaza secesionista fue suplida con la acciรณn de los tribunales, que, en รบltimo tรฉrmino, fueron los que consiguieron desalentar la vรญa inconstitucional.
Es cierto que la aplicaciรณn del 155, atribuciรณn que compete al gobierno, tuvo un papel trascendente, pero el artรญculo solo pudo ponerse en marcha despuรฉs de que el Rey lanzara un mensaje de unidad al bloque constitucionalista. Tras el 1 de octubre, el ejecutivo de Rajoy aparecรญa dรฉbil y superado por la situaciรณn, y el entonces lรญder de la oposiciรณn Pedro Sรกnchez anunciaba su intenciรณn de reprobar a la vicepresidenta Sรกenz de Santamarรญa por las cargas policiales durante el referรฉndum ilegal. Fue Felipe VI el que, como un รกrbitro de fรบtbol, trazรณ sobre suelo la lรญnea en la que debรญa alinearse la barrera constitucionalista y ungiรณ de legitimidad al gobierno para aplicar el 155.
Despuรฉs, la emergencia territorial se dejรณ en manos de los jueces, mientras en el Congreso el PNV decidรญa los Presupuestos y, andando el tiempo, una mociรณn de censura. Una mociรณn motivada por una sentencia muy dura contra el PP, que ha vuelto a situar a los jueces bajo los focos.
Con el nuevo gobierno del PSOE parece que los jueces no van a desaparecer de la escena polรญtica. Sรกnchez ha ofrecido a Torra recuperar algunas partes del Estatut que fueron anuladas o modificadas por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 2010. En esa misma lรญnea se ha pronunciado el expresidente Zapatero, que ha situado el origen del conflicto territorial en ese veredicto. Prometer cosas que uno no estรก en condiciones de asegurar, involucrando deliberadamente a los jueces en esa responsabilidad, puede tener consecuencias desestabilizadoras, como bien sabemos los espaรฑoles. Y, en รบltimo tรฉrmino, el PSOE estรก poniendo en cuestiรณn el pacto constitucional, construido sobre la aceptaciรณn de que el Tribunal Constitucional es un guardiรกn de la Constituciรณn cuya palabra respetamos y acatamos.
Ademรกs, en los รบltimos dรญas ha circulado un manifiesto firmado por politรณlogos, juristas y otros acadรฉmicos que propone una reforma โurgenteโ y en sentido โfederalโ de la Constituciรณn, bajo la premisa de que el recurso de inconstitucionalidad planteado por el PP contra el Estatut es la causa de la crisis catalana actual. Los firmantes sostienen que, con esa sentencia, โla ciudadanรญa catalana se sintiรณ con razรณn engaรฑadaโ y que los jueces no habรญan interpretado el Estatut โen el sentido constitucionalmente mรกs adecuadoโ.
De nuevo, aรฑadir presiรณn sobre los jueces y atribuirles conductas culposas, llegando casi a la acusaciรณn de prevaricaciรณn, no puede tener ningรบn efecto positivo para el Estado de derecho, ni en tรฉrminos de separaciรณn de poderes e independencia de los tribunales ni en tรฉrminos de calidad democrรกtica y buen gobierno.
Por otro lado, la premisa no es cierta. Despuรฉs de la sentencia de 2010 y del cambio de gobierno que llevรณ a Rajoy a La Moncloa en 2011, CiU reeditรณ su colaboraciรณn con el partido responsable del recurso de inconstitucionalidad contra el Estatut. No serรญa hasta 2012 cuando Artur Mas marcara la independencia como un objetivo para el medio plazo. El 15M impulsรณ una maniobra gatopardiana de las รฉlites catalanas, que decidieron cambiar de discurso para sobrevivir polรญticamente a la indignaciรณn. Poco antes, Artur Mas habรญa tenido que ser evacuado en helicรณptero de un Parlament rodeado por los manifestantes. Enric Juliana explicรณ muy bien la decisiรณn de los nacionalistas: โSi es la hora de los radicales, tambiรฉn nosotros vamos a ser radicalesโ.
Pero, volviendo al manifiesto, el texto contiene otra serie de argumentos justificativos difรญcilmente contrastables. Asegura que vivimos una โimparable e intensa recentralizaciรณnโ, y que las โComunidades Autรณnomas carecen de facultades para desarrollar polรญticas pรบblicas propiasโ. Por รบltimo, insiste en la necesidad de una reforma de la Constituciรณn que incorpore el concepto de โplurinacionalidadโ, una nociรณn que ha defendido Sรกnchez en varias ocasiones.
El presidente tambiรฉn ha reiterado su voluntad de avanzar hacia una nueva polรญtica penitenciaria para los encarcelados del procรฉs, seรฑalando que serรญa deseable un acercamiento de los presos, pero advirtiendo que se trata de una facultad de los jueces, a los que traslada la responsabilidad de un posible conflicto con sus socios de mociรณn.
Las particularidades que plantea un parlamento multipartidista, sumadas a las dificultades propias de un gobierno muy minoritario como el que sostiene a Sรกnchez con 84 diputados, y la existencia de retos de Estado que actรบan como fuertes clivajes electorales, pueden incentivar esta tendencia a trasladar a los jueces la responsabilidad y la gestiรณn de asuntos que debieran abordarse polรญticamente. Pero sobrecargar los tribunales y cuestionar sus decisiones puede tener consecuencias graves para el sistema. No es el cometido de los jueces gobernar, ni tampoco encajar las consecuencias polรญticas de la acciรณn del gobierno y los partidos. Es hora de hacer polรญtica, pero no cabe hacer polรญtica con los jueces.
Aurora Nacarino-Brabo (Madrid, 1987) ha trabajado como periodista, politรณloga y editora. Es diputada del Partido Popular desde julio de 2023.
