El otro día me topé con un cartel que llamaba a participar en una manifestación “contra la justicia patriarcal”. En la convocatoria aparecían los rostros de cinco individuos procesados por abusos sexuales bajo un rótulo grande: “Violadores”. Sin “presuntos”. Fue una concentración multitudinaria, en la que también se vieron pancartas que pedían “justicia feminista”. Qué mal augurio cuando a la justicia se le ponen apellidos.
He pensado largamente antes de decidirme a publicar este artículo. A fin de cuentas no es sencillo deslindar los propósitos de la manifestación. Si fue para apoyar a la víctima, para criticar a los jueces, para denunciar las agresiones sexuales como fenómeno general o para responder con ira a los acusados es difícil determinarlo. Probablemente todas esas razones se entremezclaron en una marcha de miles de personas.
Si el objetivo hubiera sido alzar la voz contra las conductas de acoso que todavía hoy padecen tantas mujeres en nuestro país, me habría parecido una protesta necesaria y encomiable. Pero todo ha tenido lugar en medio de la polémica por un proceso penal que es preciso tener en cuenta.
En las últimas semanas se ha criticado la labor de los jueces y se ha dado a entender que no habría justicia antes siquiera de que se dictara sentencia. El desconocimiento de las reglas procesales ha llevado al cuestionamiento de la imparcialidad de los tribunales. Se ha tergiversado la admisión de las pruebas y se ha condenado la estrategia de la defensa. Se ha condenado, incluso, que la defensa pudiera tener una estrategia y casi que existiera una defensa.
También ha habido medios de comunicación y columnistas que han tratado de menoscabar el testimonio de la víctima, completando así el juicio paralelo, en una tradición ya clásica de las opiniones pública y publicada en España. Y aunque estas actitudes no son nuevas, nunca se habían visto hasta ahora mezcladas en una manifestación tan exitosa.
Este cuestionamiento del proceder de la justicia creo que puede enmarcarse en un proceso más amplio que es la crisis de la mediación. El auge del populismo ha coincidido con el rechazo a los valores clásicos de la democracia representativa. No es casual que la democracia directa goce hoy en nuestro país de mayor respaldo social que la articulación parlamentaria de la voluntad popular, según una encuesta de Pew Research. El desprestigio de la democracia liberal ha venido de la mano de propuestas plebiscitarias que pretenden trasladar la toma de decisiones a los ciudadanos, sin mediar sus representantes.
Las protestas contra los jueces, ya sean los que procesan a las autoridades que han infringido la ley en Cataluña o los que se encargan del caso de la violación múltiple durante los Sanfermines, sugieren que, desde algunos sectores sociales, se proclama una democratización de la justicia, en la que el pueblo, sin el concurso de los jueces, pueda extraer conclusiones válidas desde un conocimiento incompleto de los hechos y dictar sentencia.
El rechazo de la mediación también guarda relación con la desconfianza hacia el establishment y el rechazo de los expertos, dos características propias de nuestro tiempo. Los españoles se cuentan entre los europeos que más desconfían de su sistema de justicia y solo un 25% de los encuestados declara estar satisfecho con el modo en que funciona la democracia en nuestro país.
La actualidad también nos recuerda que en los fenómenos sociales más apasionados existe la tentación de imponer la ideología a la frialdad y el rigor de los procedimientos legales. Hay una voluntad de tomar partido en la adopción de decisiones, desconfiando de cuantos dictámenes no han sido directamente consultados al pueblo, entendiendo como pueblo un sujeto político restringido y delimitado por ciertos atributos morales.
Por ello era tan mala idea la ley Gallardón que establecía la cadena perpetua revisable para casos generadores de una gran “alarma social”. Un criterio vago que evocaba a Charles Lynch, aquel juez de Virginia que, durante la guerra de la independencia de Estados Unidos, implantó un proceso sumarísimo en el que el mismo pueblo juzgaba, condenaba y ajusticiaba a los reos. No en vano a él debemos la acuñación del término “linchamiento”.
La medición de la alarma social está necesariamente unida a la baremación de las pasiones. Y los sentimientos tienen mucho que decir de nuestras sociedades, caracterizadas por rasgos emotivos y narcisistas. Uno de los lemas de la manifestación que ha rodeado el juicio por violación múltiple es “Yo sí te creo”. Es esclarecedor por cuanto nos pone sobre la pista de la realidad posfactual. Es la sustitución de los hechos por el “yo” como elemento de legitimación. No tengo ningún motivo para desconfiar del relato de la víctima, pero no se trata de lo que yo crea. Yo, mi opinión, mis sentimientos están fuera de lugar y son irrelevantes para el caso. Las víctimas no pueden quedar al albur de la percepción pública, no pueden depender de que encontremos creíble su testimonio.
La justicia no consiste en un alineamiento del veredicto de los tribunales con nuestras posturas individuales, sino en la aplicación imparcial de unas reglas desapasionadas. Cuestionar la labor de los tribunales antes siquiera de que dicten sentencia o poner apellidos ideológicos a la justicia no contribuirá a mejorarla. Nos enfrentamos al riesgo de que, si el resultado del juicio no es del agrado de ciertos sectores feministas, se ponga en entredicho la legitimidad de todo el sistema; mientras que, si la sentencia satisface las expectativas de los manifestantes, se argumente que ha sido la presión popular la que ha permitido que se haga justicia. En ambos escenarios habrá alguien que gane, pero seremos muchos más los que perderemos.
Aurora Nacarino-Brabo (Madrid, 1987) ha trabajado como periodista, politóloga y editora. Es diputada del Partido Popular desde julio de 2023.
