En un hecho insólito en nuestra política moderna, el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha anunciado que ni él ni sus ministros piensan someterse al control del Congreso de los Diputados. Nos encontramos, pues, ante un presidente que ni ha sido elegido por los ciudadanos ni rinde cuentas de su actuación, una circunstancia que sugiere funestas evocaciones e inaugura, de facto, un choque de poderes entre el legislativo y el ejecutivo.
Los populares justifican su rebeldía en la situación de interinidad del gobierno, alegando que no puede ejercerse el control político de un ejecutivo que no está facultado para tomar decisiones políticas. Pero no es verdad que el PP no haga política, y retorcer la Constitución a conveniencia no va a darles la razón: ahí está la Carta Magna para todo el que quiera leerla. Es cierto que Rajoy y sus ministros tienen limitadas sus funciones, que quedan ceñidas al despacho ordinario de los asuntos públicos, salvo en caso de urgencia o interés general que justifique acciones extraordinarias. Y ese debería ser, precisamente, un argumento para su control y no para su insumisión.
La Constitución es clara: puesto que el gobierno no goza de la confianza del Congreso, el parlamento no puede exigir al ejecutivo responsabilidad política máxima. Esto significa que no puede plantear una moción de censura, pero sí puede y debe fiscalizar la acción del gobierno en el ejercicio de sus funciones. La norma recuerda que la Mesa está facultada para admitir y tramitar las iniciativas de control, es decir, las preguntas, interpelaciones, comparecencias y solicitudes de informe que pueda suscitar la actividad del ejecutivo. Las decisiones del gobierno pueden tener relevancia política aun cuando se ciñan a la confrontación de los asuntos cotidianos. Rajoy no puede pretender que su ejecutivo es un mero órgano gestor desprovisto de carácter político.
Cuando el gobierno se niega a dar cuenta de su actuación ante el Congreso está rehuyendo su responsabilidad no solo ante los diputados, sino fundamentalmente ante los ciudadanos, que son quienes legitiman con sus votos al parlamento. El PP se ha convertido en un partido antisistema que cree que puede burlar la separación de poderes, violar el principio democrático de rendición de cuentas y desoír lo articulado en la Constitución: es un hecho gravísimo.
Los partidos políticos pueden trazar la estrategia que más convenga a sus intereses, y es legítimo que así sea, pero siempre dentro de los cauces democráticos establecidos. Mariano Rajoy y sus ministros encuentran muy inoportuno que les pongan la cara colorada en plenos y comisiones todas las semanas por su incompetencia, máxime cuando parecen haberse alineado para boicotear la formación de gobierno y forzar nuevas elecciones. Es natural que sientan pudor, pero ello no les da derecho a saltarse los preceptos constitucionales. Rajoy se niega a acatar el resultado que arrojaron las urnas el pasado 20 de diciembre y actúa como si este parlamento, que ha emanado de la voluntad de los ciudadanos, no fuera legítimo. Pero es preciso recordar que el Congreso se encuentra constituido en plenas facultades, que las Cortes no están en funciones y que tienen la responsabilidad, por tanto, de ejercer el cometido que establece la ley.
Es inadmisible que un gobierno, por cálculo político o por haraganería, decida obstaculizar el normal funcionamiento de la vida pública de un país. Rajoy quiere sumir a España en un bloqueo político indefinido. Desde los pasados comicios, el presidente en funciones ha rechazado buscar la formación del nuevo gobierno que le encargó el rey, en una falta de respeto sin precedentes hacia los españoles y hacia la corona. Cuando lo ha intentado otro candidato, también a instancias del monarca, ha boicoteado cualquier acuerdo que permitiera un gobierno reformista y evitara el impasse. Lo ha hecho, además, negándose a hablar de medidas, soslayando cualquier esfuerzo propositivo y reivindicando siempre para sí todo el poder. Por último, ahora se niega a responder ante los ciudadanos, representados en el Congreso, de su acción de gobierno.
La negativa de Rajoy a someterse al control del parlamento ha desatado un conflicto institucional inédito, y puesto que es el Tribunal Constitucional quien tiene competencia para resolver los conflictos que puedan generarse entre el Gobierno y el Congreso, Rajoy podría verse en problemas con la máxima autoridad constitucional del Estado en pleno pistoletazo de salida de una nueva campaña electoral. El presidente ya ha olvidado que, en diciembre pasado, fue su propio partido el que pidió la comparecencia del presidente catalán en funciones en el Parlament. La imagen de Rajoy y su ejecutivo es hoy la de una banda de forajidos que vive al margen de la ley. Deben saber, sin embargo, que quien va contra las leyes suele perder. I fought the law, and the law won. Ya lo decían The Clash.
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Aurora Nacarino-Brabo (Madrid, 1987) ha trabajado como periodista, politóloga y editora. Es diputada del Partido Popular desde julio de 2023.
