Once muertos, mil setecientos heridos y unos cuatrocientos detenidos es el trágico balance de las violentas protestas y manifestaciones que se produjeron en Caracas y en las principales ciudades venezolanas el mes pasado. No es improbable que, en las próximas semanas —acaso en los próximos días—, volvamos a ver esas imágenes de barricadas, tiros de granadas lacrimógenas y desiguales combates entre la Guardia Nacional y los vecinos. Tomar la calle ya va siendo el último recurso que les queda a los venezolanos para defender sus derechos ante los atropellos de un régimen cuya vocación hegemónica no deja espacio al diálogo ni al respeto ni a la disensión. Muchos creían que, para salir de la crisis política en la que está sumido el país desde hace tres años, Hugo Chávez había aceptado democráticamente someterse a la prueba del referéndum revocatorio del mandato presidencial previsto por la actual Constitución. No fue otro el acuerdo al que se llegó en Caracas, en mayo de 2003, gracias a la mediación de la OEA y el Grupo de Países Amigos de Venezuela (Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México y Portugal). Era necesario recabar 2,436,083 firmas para activar la consulta. Bajo la supervisión de la propia OEA y el Centro Carter, la oposición venezolana consiguió más de 3,400,000 y las depositó, en diciembre pasado, en la sede del Consejo Nacional Electoral. Chávez, que sintió el peligro, lanzó entonces una vasta campaña de propaganda para denunciar un “mega-fraude” que sólo los personeros de su gobierno parecen haber visto. Por fin, el 29 de febrero, después de tres meses de espera, el Consejo Nacional Electoral, dominado por una mayoría chavista, como casi todas las instituciones, dio a conocer los resultados del escrutinio: sólo 1,832,493 firmas fueron declaradas válidas, ya que todas las demás, por diversas y oscuras razones, presentaban “errores”, despertaban “sospechas”, planteaban “dudas” o simplemente se habían “extraviado”.
Por supuesto, ante tanta triquiñuela, la reacción de la gente no se hizo esperar. Chávez respondió sacando a la calle a la Guardia Nacional y desatando una represión que, como ya se sabe, fue feroz. Pero gracias a la valentía de miles de venezolanos y a la firme condena de un buen sector de la comunidad internacional —y de instituciones como la Fundación Sajarov y Human Rights Watch—, Chávez y su Consejo Nacional Electoral se han vistos obligados a rehacer sus cómputos y a negociar con la oposición las condiciones de ratificación de al menos 1,116,547 firmas consideradas “dudosas” o “sospechosas”. Si se llega finalmente a un acuerdo, se hará otra vez posible realizar un referéndum que es importante no sólo para los venezolanos sino para todos los demócratas, dentro y fuera de nuestro continente. Y es que el teniente coronel Hugo Chávez ya ha dado sobradas muestras del perfil marcadamente autoritario de su régimen y del peligro que representa su política internacionalista para el porvenir de la democracia. Recordemos que sus triunfos electorales de 1998 y de 2000 le permitieron, desde un comienzo, controlar fácilmente las principales instituciones del Estado venezolano e ir sojuzgando aquellas que escapaban a su poder, hasta hacer de casi todo el aparato público una dócil máquina al servicio del Ejecutivo. Las repetidas reformas y modificaciones del reglamento de la Asamblea Nacional, las frecuentes y apenas veladas amenazas contra los jueces y el Tribunal Supremo de Justicia, la neutralización de las instancias de fiscalización interna y el nombramiento de más de cien militares en altos cargos administrativos han ido dando cuenta así de la realidad de un proyecto político que algunos analistas ya han calificado de “dictadura legal”. Si añadimos la purga y el gradual desmantelamiento del ejército para crear unas fuerzas armadas paralelas y fieles a la ideología
chavista, el despido de cientos de obreros, técnicos y gerentes de Petróleos de Venezuela S.A. después de las huelgas de 2003 y la subsiguiente militarización de la empresa, y, por último, el chantaje y la intimidación a que están sometidos constantemente los opositores y agentes sociales (partidos, sindicatos, medios de comunicación, asociaciones), se entienden mejor las denuncias de tantos venezolanos que, desde hace varios años, han venido alertando a la opinión pública internacional sobre la progresiva consolidación de una tiranía en Venezuela.
Como un corolario de la crisis política, la situación económica y social ha ido adquiriendo también visos dramáticos. Repito lo que ya he escrito en otra parte: las cifras e indicadores venezolanos dan vértigo. En 2003, el PIB se contrajo en un 9.2% a pesar de un ligero repunte en el último trimestre, la inflación superó el 25% y la tasa de desempleo oficial llegó al 20% (la extra-oficial se sitúa alrededor del 28%). Desde 1998, la moneda venezolana se ha devaluado en más de un 200% (la última devaluación, del 16%, tuvo lugar en febrero), el gasto público no ha cesado de crecer y, con él, la deuda interna, que ha pasado de 2.3 billones de bolívares a 15.3 billones (unos 9,500 millones de dólares). Completo este cuadro dantesco con el dato de las 6,098 pequeñas y medianas empresas que han desaparecido —más de la mitad del parque empresarial venezolano— y con ese 58% de la población activa que, según los cálculos más optimistas, sobrevive trabajando en el sector informal. Para resumirlo todo en unas pocas palabras: Venezuela atraviesa actualmente por una de las más graves recesiones de su historia. Y mientras tanto el presidente Hugo Chávez subvenciona mercadillos en el centro de Caracas, juega al costoso juego de aparecer como uno de los líderes mundiales del movimiento antiglobalización y amenaza a nuestro principal cliente, los Estados Unidos, con… un embargo petrolero, como si estuviéramos todavía en los años setenta del siglo pasado.
Nadie ignora a estas alturas que, detrás de semejante fanfarronada, así como de otras acusaciones recientes contra el gobierno norteamericano, se asoma la mano de Fidel Castro, el orgulloso mentor de Chávez, y el afán de La Habana por impedir que la experiencia de Nicaragua se repita en Venezuela. Hoy por hoy, lo que está en juego no es poco: el abastecimiento de petróleo a la isla, que resulta vital para garantizar la continuidad del castrismo y cuyo pago, no en moneda sino en servicios, ha sido el pretexto perfecto para enviar a Venezuela, junto a los médicos y a los maestros del programa de cooperación, a un sinnúmero de funcionarios cubanos que nadie sabe a ciencia cierta a qué han venido ni quién los acoge ni dónde están. Fuentes de inteligencia, citadas por el diario El Universal de Caracas, señalan que, para el solo mes de octubre de 2003, se registraron 11,530 de estos ingresos por el aeropuerto internacional de Maiquetía. Cualquiera que conozca medianamente los hábitos políticos y morales del dictador de La Habana a la hora de defender sus intereses más inmediatos no puede menos que admitir que, a los venezolanos, nos sobran motivos de inquietud. Como para profundizar esta alianza, en el Congreso Bolivariano de los Pueblos, en noviembre pasado, los Círculos Bolivarianos de Chávez, entes creados a imagen y semejanza de los CDR castristas, se comprometieron a luchar, junto al Partido Comunista Cubano, contra el Plan Colombia, el ALCA y, por supuesto, contra el cerco a Cuba. Si hemos de tomar en serio tal declaración, acaso haya que incluir, pues, en el capítulo de la política internacional del chavismo, no sólo la confesada admiración de nuestro presidente por Castro ni su visceral antiamericanismo sino también las concordantes y no menos inquietantes informaciones de la prensa francesa, norteamericana y colombiana que denuncian la repetida utilización del territorio venezolano como zona de despeje por los guerrilleros de las FARC y el ELN.
Por todas estas razones y algunas más, de llegarse a un acuerdo en los próximos días, la celebración del referéndum revocatorio en Venezuela señala una jornada de capital importancia y muy alto riesgo. Pero si, por desgracia, fracasan las negociaciones y se pierde la esperanza de realizar la consulta, el peligro será aún mayor, pues nuestro país entrará entonces en un tiempo aciago en el que caben las peores hipótesis, desde el estado de excepción hasta la guerra civil, pasando por un nuevo pronunciamiento militar, una represión brutal de la oposición y, sí, la instauración de una dictadura ya sin tapujos.
En los dos casos, con o sin referéndum, es esencial que la comunidad internacional siga atentamente el desarrollo del proceso político venezolano hasta que se llegue a una solución pacífica, consensual e institucional de la crisis. Como lo han demostrado los hechos recientes, los ojos del mundo son uno de los escasos avales que van quedando para que se respeten los derechos humanos y las libertades democráticas en Venezuela.
No ha sido otro el objetivo de la carta suscrita el pasado 25 de febrero por más de doscientos escritores, artistas e intelectuales venezolanos. Lo que se pedía y se sigue pidiendo a través de ese llamado, que aún circula por diversos medios entre Europa y América, es la atención de nuestros pares y, de un modo más general, de la opinión pública internacional, para que no se consume en Venezuela un fraude electoral que sea el preámbulo a la instauración de una dictadura. Ojalá que estas líneas, que se hacen eco de las preocupaciones de esa carta, puedan contribuir a que se mantenga el nivel de alerta de todos ante el grave peligro que hoy se cierne sobre nuestra democracia. ~
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