En el juego de poder y de estrategias que hay, sin duda, detrás de las exigencias de pago del Eurogrupo a Grecia y de la negativa que arrojó el referéndum del pasado 5 de julio para someterse a las condiciones impuestas por sus acreedores hay una realidad temida y no admitida públicamente por los principales líderes de la Unión Europea: los cimientos de esa comunidad política, conformada como tal en 1993 con el propósito de facilitar la integración económica, jurídica e institucional de los países miembros, bien podrían verse dañados con un eventual abandono del país al que suele adjudicársele la invención de la democracia.
Las razones, que van más allá de si Atenas podría con su imposibilidad, o con su obstinación, provocar una serie de posturas semejantes en países como España, Italia y Portugal –cada uno de ellos con deudas que sobrepasan el 100% de su pib–, quizá deberían buscarse en el diseño mismo del proyecto de integración global más ambicioso originado en el siglo XX. Para su construcción, la ue ha sido concebida como una superestructura. Con facultades supranacionales que se complementan con la existencia de complejos mecanismos de cooperación multilateral, esta comunidad que en los hechos ha ido evolucionando desde 1957 –cuando fue creado el llamado Mercado Común Europeo– hasta convertirse en lo más próximo a una confederación institucionalizada de naciones, ha enfrentado desde su nacimiento toda suerte de pruebas: desde amagos separatistas –el caso del Reino Unido es, en ese sentido, emblemático– hasta altibajos constantes en el grado de integración de los países miembros, pasando por la coexistencia de profundas disparidades entre las economías que la constituyen.
En el centro de las nociones alrededor de las cuales se erige la ue se halla la transferencia de poderes soberanos. Los países miembros se obligan a ceder a las instituciones de la comunidad potestades que antes de su incorporación resultaban irrenunciables, lo que acaba por limitar su margen de maniobra en las materias que, en adelante, pasan a ser competencia de ese sujeto de derecho internacional que es la propia Unión. Así ha ocurrido –particularmente desde 1993, con la firma del Tratado de Maastricht– con las políticas exterior, cambiaria, monetaria y fiscal, herramientas convencionalmente atribuidas a los Estados para la promoción del crecimiento y la estabilidad.
Las tribulaciones de Grecia a raíz de su deuda monumental se explican en gran medida por el dispendio que ha hecho de los miles de millones de euros que recibió a lo largo de los últimos años del Banco Central Europeo, del fmi, y de algunos de los países miembros más poderosos de la comunidad –Alemania y Francia, a la cabeza–, pero los efectos que sobre el sistema financiero y económico global ha dejado ya sentir el descalabro griego encuentran también una causa en la arquitectura y la orientación político-ideológica de los organismos creados en el seno de la ue. La norma en las políticas económicas recetadas por tales organismos ha sido, durante años, la liberalización comercial, la desregulación de la actividad productiva, la privatización de activos públicos, la contención salarial y la restricción monetaria en aras de una inflación próxima a cero.
Ha habido, en la ue, una división tajante entre las políticas de corte social (orientadas al empleo, los sistemas de pensiones y la seguridad social) y las de alcance económico-financiero (promoción de inversiones, incentivos fiscales, gasto gubernamental). En países como España y Grecia –donde la tasa de desempleo supera el 20% de la población económicamente activa–, así como en Chipre, Croacia y Portugal, la población en riesgo de pobreza se ha incrementado de manera notable. En prácticamente cada uno de los países miembros situados en la Europa del Este –de manera particular en los de la península balcánica– entre el 21 y el 27% de la población se encuentra expuesta a un alto riesgo de pobreza extrema. Dos Europas coexisten, pues, al amparo de una ue que parece responder al poder de negociación y al influjo de grupos empresariales asentados en la Eurozona. Las Shell, las Siemens, las British Petroleum, las Daimler ag, los Carrefour, por ejemplo, respaldan con su poderío su búsqueda de condiciones favorables para su expansión internacional y encuentran en la ue la idónea plataforma política e institucional para sus cometidos globales.
Lo ocurrido con Grecia no se entiende sin esa transferencia de poder de la que se alimenta la dual estructura que sustenta a la ue. No se entiende sin la Unión Económica y Monetaria por la que el euro se consolidó en 2002 como la moneda única de la región. Imposibilitada para echar a andar sus propios planes de expansión monetaria y crediticia, Grecia –en tanto miembro débil con gobiernos manirrotos– debe en teoría acatar a pie juntillas lo que los organismos de la ue determinen, so pena de sufrir un estrangulamiento financiero de severas proporciones. En la inicial negativa griega, dictada en el referéndum, podía atisbarse un golpe a la estabilidad de ese edificio plagado de vericuetos que es la Unión Europea.
Sean cuales sean los resultados de las negociaciones en torno a Grecia, los gobiernos y los organismos rectores de la ue saben que frente a esta crisis inédita tal vez no hay nada que garantice de ahora en adelante su estabilidad. Detrás de un problema sintomático como el de las deudas soberanas, late la gran causa de la pérdida gradual de soberanía entre la mayoría de Estados europeos en favor de un núcleo reducido, conformado cada vez más por poderosos intereses político-empresariales de Alemania y Francia. La respuesta –severa, vertical– de los gobiernos y las instituciones de la Eurozona frente al desafío griego ha sido una muestra patente de lo poco que están dispuestos a perder una partida que no pueden sino, a toda costa, ganar. Seguramente a un alto precio. Tal parece que sin importar lo que ese alto precio signifique. ~
