¿Se puede ganar la guerra que México libra contra el crimen organizado? La comenzó Felipe Calderón en diciembre de 2006 y no tiene para cuándo acabar. Han muerto en ella más de 600 mil mexicanos y 250 mil están desaparecidos. Nuestras cárceles están saturadas a pesar de que la impunidad por homicidio ronda el 95%. Hay presencia del crimen organizado en prácticamente todos los municipios del país. Existen vastas zonas del territorio nacional bajo el control de los criminales. Ya no se trata tan solo de cárteles de narcotraficantes, están también los delincuentes dedicados al huachicol, a la trata de personas, a la tala de bosques, al secuestro y a la extorsión.

Regreso a la pregunta: ¿puede ganarse esta guerra? Ni Calderón ni Peña Nieto ni López Obrador ni Sheinbaum han dicho nunca que es posible. Vamos perdiendo, entre otras cosas, porque las fuerzas que el Estado emplea para combatir la delincuencia se han corrompido y se han dejado penetrar por aquellos que debían combatir. El Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, en medio de la guerra que sostienen, asesinan inocentes civiles, los secuestran y desaparecen, los torturan y luego niegan sus acciones o las disfrazan de enfrentamientos, ocultan los cuerpos a sus familiares, acosan a estos si persisten en buscarlos. ¿Cómo podemos ganar esta guerra si los dedicados a protegernos parecen tener permiso para matar y desaparecer impunemente a la población que protegen?

Existen suficientes elementos para probar la complicidad entre la clase política y la delincuencia organizada en los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal. Esta impunidad se extiende a las fuerzas armadas y al poder judicial. ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad civil? No podemos quedarnos cruzados de brazos mientras el país continúa su descomposición.

Paris Martínez, Daniel Moreno y Jacobo Dayán investigaron, escribieron y publicaron Permiso para matar (Ariel, 2024), libro en el que exponen los abusos que cometen las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico. Las fuerzas armadas no están capacitadas para estas tareas, no son policías. Esta delicada situación se agrava con la presión de los Estados Unidos. Cada semana desde Washington se lanzan misiles contra México bajo la forma de declaraciones fulminantes que señalan la complicidad del gobierno con los cárteles del narcotráfico. Nuestro vecino ha amenazado con bombardear nuestro territorio, intervenir con fuerzas especiales, extraer ilegalmente personas. Todo esto no haría sino agravar la situación, como se ha visto en Sinaloa.

Letras Libres entrevistó a Daniel Moreno (periodista, hasta 2025 fue el director editorial de Animal Político) y Jacobo Dayán (especialista en derecho penal internacional, justicia transicional y derechos humanos); ambos brindan un panorama oscuro. Jacobo Dayán, como posible salida, apunta hacia la justicia transicional. Daniel Moreno habla de la importancia de las sesiones en la ONU en las que se abordarán los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado mexicano.

Sirvan estas entrevistas como un mínimo intento de salir del grave atolladero en el que nos encontramos.

JACOBO DAYÁN: “LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS HA PODRIDO A LAS INSTITUCIONES”

La razón de ser del Estado es garantizar la seguridad de la población. Cuando el Ejército dispara contra la población, la secuestra, tortura y desaparece, el Estado atenta contra ella. ¿Qué clase de Estado es este?

Es un Estado criminal, eso es lo que tenemos. Las fuerzas de seguridad del Estado mexicano son equivalentes a las fuerzas del Estado de la dictadura de Pinochet. No hay gran diferencia.

En México la guerra contra las drogas no ha servido para construir la paz. ¿Para qué ha servido entonces?

Ha servido para fortalecer los grandes negocios relacionados con la venta de armas y para que grupos violentos y agencias del Estado puedan ejercer un mayor control territorial. Ha podrido a las instituciones. La clase política, que históricamente había sostenido una relación de dominio con el narcotráfico desde los años del pri, invirtió esa relación y ahora son los criminales los que ejercen el dominio. Esto ha generado más violencia. La droga se sigue produciendo, sigue llegando a los mercados, no se ha alterado su precio: hay más consumo y más violencia. La guerra ha servido para hacer grandes negocios y para erosionar la democracia.

¿Es la impunidad el mayor problema en el tema de justicia y seguridad?

Sin duda. El problema del crimen organizado se ha tratado de enfrentar utilizando más fuerza contra la fuerza. No se combate a los criminales con los instrumentos del Estado. El Estado debe ser capaz de procesar judicialmente a los responsables, debe tener presencia en el territorio, policías capaces, fiscalías, cárceles, pero también debe brindar seguridad, salud, educación y oportunidades laborales.

Calderón y Peña utilizaron al Ejército para combatir el narcotráfico. López Obrador también lo utilizó, pero además lo involucró en negocios y concesiones con lo que profundizó la corrupción de las fuerzas armadas. ¿Se puede desandar el camino?

Cuando la noche de estos gobiernos morenistas termine, habrá que desandar muchas cosas, no nada más esa. Durante el proceso de reforma al poder judicial –que les dio a las fuerzas armadas más discrecionalidad de la que ya tenían cuando se les encargó realizar todo tipo de labores, no solo en materia de seguridad– muchos expertos nacionales e internacionales comentaron que lo que había en México era un gobierno cívico-militar.

La colusión de autoridades y delincuentes en todos los niveles de gobierno nos habla de un Estado descompuesto. ¿Es la justicia transicional una salida posible a esta situación?

Me parece que es la única salida, pero para ello se requiere un respaldo social importante. Está el caso colombiano: ahora que De la Espriella ha llegado al poder, amenaza con desmontar las instituciones del proceso de justicia transicional. Si no hay un respaldo social importante eso se irá para atrás como ocurrió en Guatemala. No creo que en México haya condiciones para este tipo de justicia, no mientras esté en el poder un régimen corrupto y criminal. Es como pensar que el proceso de justicia transicional pudiera haberse iniciado bajo la dictadura argentina. Hay que desmontar primero el régimen para después iniciar un proceso de justicia transicional, pero para ello se requiere un proyecto de Estado y un compromiso de la clase política, los sectores sociales y económicos importantes del país, y de la sociedad.

¿Cómo explicas el grado de insensibilidad ante la violencia al que ha llegado la sociedad mexicana?

Me parece que siempre ha estado ahí. Por ejemplo, durante la guerra sucia, la sociedad mexicana jamás abrazó a los colectivos de madres buscadoras. Hoy tampoco ocurre. Tiene que ver con un discurso que ha sido respaldado por los medios. Se decía que las víctimas de la violencia en algo andaban o que se lo merecían o que se estaban matando entre ellos: había un estigma tremendo en contra de la víctima. En México, a diferencia de otros países latinoamericanos en donde sí se arropa a las víctimas de la violencia y particularmente a las de desaparición forzada, nunca ha habido apoyo a las madres buscadoras.

Es necesario un cambio en la política de seguridad, pero la sociedad, como tú lo acabas de decir, no lo exige. Los partidos no lo proponen, a los colectivos no se les escucha, los medios hacen oídos sordos, ¿por dónde hay que comenzar el cambio?

Es un problema que no vamos a resolver en nuestra generación. Tenemos que generar conciencia en las generaciones más jóvenes. Los procesos de justicia transicional tardan décadas, muchos años en solidificarse y después en empezar a dar resultados. El cambió tendrá que darse en las generaciones más jóvenes. Lo que a nosotros nos toca es resistir. No creo que haya un cambio pronto.

Cuando el Estado comete crímenes, primero niega haberlos cometido, luego revictimiza a quienes los sufrieron, acosa a sus familiares, borra evidencias y, cuando se ve forzado a admitir alguna culpa, esto ocurre en la base, nunca en los altos mandos. ¿El Ejército y la Marina gozan de impunidad en México?

El régimen político mexicano se sustenta en el control político de la verdad y la justicia. Es el corazón que mantiene en pie a los regímenes mexicanos desde el siglo pasado. En el caso de que un acontecimiento se vuelva mediático y lo obligue a reaccionar, se focaliza en mandos medios o medios bajos. Ocurre en casos de violencia o de corrupción. Tenemos el caso reciente de Segalmex o el del huachicol fiscal, donde el Estado se ve obligado a reaccionar y lo que hace es culpar a mandos medios y bajos, diciendo que son manzanas podridas, que son casos aislados, cuando hay miles de casos semejantes. Jamás se hace un corrimiento en la línea de mando. Por eso en México no hay grandes políticos encarcelados por casos de corrupción. Está el caso de Odebrecht, que en toda América Latina generó resultados, y en México no pasó nada. Con la violencia ocurre lo mismo. Las muy pocas sentencias que hay por asesinatos o desapariciones debidas a las fuerzas de seguridad quedan en mandos medios o bajos. De ahí la importancia de llegar a mecanismos de justicia transicional que dejen de ver el caso como tal y se centren en verlo como un fenómeno.

Cuando el Ejército llega a una región a pacificarla, la violencia se incrementa. Parece peor el remedio que la enfermedad.

Porque se trata de fuerzas de ocupación, no de policías de proximidad o de policías que tengan como objetivo la seguridad ciudadana en lugar del “desmantelamiento” de grupos criminales contra los cuales tienen que ejercer violencia. En ese contexto todo mundo resulta ser sospechoso. La capacidad de fuego de los grupos criminales obliga a tener fuerzas de seguridad de mayor capacidad, pero la solución tendría que ser más Estado: inteligencia, operaciones quirúrgicas, desmantelamiento de redes y no patrullajes para “abatir a los generadores de violencia”. Llevamos veinte años oyendo: se detuvo a Juan N, se abatió a Laura N, pero la violencia sigue ahí.

No es una guerra contra el narco, es una guerra contra el pueblo, dice en tu libro la madre de un niño desaparecido.

En los hechos lo que está ocurriendo es una guerra contra la población. Viviendo en la Ciudad de México es difícil verlo, pero cuando uno va a los territorios lo que ves son zonas de guerra. Una anécdota: en los años de gran violencia en el norte del país, cuando estaba haciendo investigaciones académicas en Coahuila, en los hoteles de cuatro o cinco estrellas, junto a los elevadores, había instrucciones de qué hacer en caso de balacera. Si eso no es vivir en un estado de guerra, entonces ¿qué es?

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DANIEL MORENO: “EL CRIMEN ORGANIZADO HA CREADO EN TERRITORIOS COMPLETOS UN ESTADO PARALELO”

En Permiso para matar se afirma que el uso de la violencia de policías y militares contra la población civil es una violencia planificada. ¿Planificada con qué fin?

Está vinculada con la necesidad del gobierno de frenar la violencia y de darles a las fuerzas armadas la “libertad” de hacer casi cualquier cosa, de garantizarles impunidad. Existe una relación directa entre la impunidad de las fuerzas policiales y la necesidad del gobierno de conceder esta impunidad a cambio de su actuación en la seguridad pública, sin rendirle cuentas a nadie. Esta impunidad se extiende al Ejército, a la Marina y a la Guardia Nacional. Sus titulares y sus principales mandos pueden cometer irregularidades y actos de corrupción y ninguno de ellos es procesado.

En un país donde la autoridad está coaligada con la delincuencia, ¿qué camino debe tomar la población civil?

Los experimentos que han sido exitosos a nivel municipal, y en muy pocos casos a nivel estatal, para frenar la inseguridad han contado con la participación directa de la población y de las organizaciones de la sociedad civil. La sociedad civil debe involucrarse en el diseño, la vigilancia y el trabajo cotidiano de las fuerzas de seguridad. Lo que hoy se ve, por el contrario, es que grandes sectores de la población están muy poco interesados en la política de seguridad. Por ejemplo, en las violaciones a los derechos humanos. La población parece dispuesta a aguantar casi cualquier cosa. Es indispensable la vigilancia, la planeación y la participación de la sociedad para definir dónde, cuándo y en qué se deben involucrar las autoridades. Solo la gente te puede decir lo que significa la extorsión, cómo frenarla, quiénes son los extorsionadores y las autoridades cómplices.

Con el pretexto del combate al crimen organizado se han cometido infinidad de abusos contra la población civil. ¿Ese combate es un pretexto para el abuso?

Al revés. El abuso es casi una condición para el combate a la inseguridad. Se trata de un combate cosmético, no estructural. Las fuerzas de seguridad muchas veces operan para cuidar a quienes no quieren que se combata. El caso García Luna es muy ilustrativo: ayudó con un cártel para combatir a otro. Algo semejante ocurrió con López Obrador: cedió territorios a cambio de que disminuyera la violencia. El abuso parece ser connatural a una estrategia de seguridad en donde lo que les preocupa es bajar los índices más que resolver conflictos.

¿Es la impunidad el mayor problema de seguridad y de justicia en México?

Sí. Nueve de cada diez homicidios permanecen impunes. Enterrar un cuerpo en una fosa clandestina es la mayor garantía de impunidad que puede haber porque el porcentaje de responsables por homicidio de personas que terminaron en fosas comunes es del 0%. Estoy convencido de que la impunidad es un factor clave. Sin embargo, no es el único. La complicidad, las alianzas entre el poder político y el crimen organizado son factores quizá tan importantes como la impunidad. Nos cuesta trabajo diferenciar –sobre todo a nivel municipal, pero también estatal e incluso en algunas autoridades federales– el poder político del crimen organizado.

Como presidente electo López Obrador dijo en una entrevista que si por él fuera desaparecería al Ejército. Como candidato señaló en muchas ocasiones que regresaría al Ejército a sus cuarteles. Ocurrió todo lo contrario: militarizó la seguridad pública y llevó esos cambios a la Constitución, otorgó al Ejército contratos y prebendas. ¿Por qué, desde tu punto de vista, ocurrió ese giro radical?

La propia historia de López Obrador y lo que nos reveló en su momento WikiLeaks prueban que lo que dijo en campaña no era sincero. Desde 2006 él planteaba militarizar la seguridad pública. Se lo dijo al embajador norteamericano. Por eso es tan importante ese cable de WikiLeaks, porque nos muestra al verdadero López Obrador. Por otro lado, se encontró con algo que muy pocos presidentes habían entendido a cabalidad, que en el Ejército y en la Marina hay miles de personas a las cuales puedes utilizar, explotar y poner a trabajar. López Obrador los consideraba subempleados. ¿Por qué los ingenieros militares no estaban trabajando en sus proyectos? Vio una conveniencia real en utilizarlos para poder hacer sus megaproyectos y de ese modo abaratar su costo. López Obrador cambió, suponiendo que sus declaraciones públicas hayan sido sinceras, porque le convenía para sus proyectos la incorporación del Ejército en este tipo de tareas.

Luego de la liberación de Ovidio Guzmán hubo un gran descontento en el Ejército. Al poco tiempo López Obrador empezó a hablar del riesgo de un golpe de Estado. Luego de eso comenzaron a fluir los contratos. Una forma de apaciguar al Ejército fue maicearlos.

Esa es la característica central de la relación entre el Ejército y López Obrador. En aras de conseguir sus objetivos, estuvo dispuesto a que la Secretaría de la Defensa y la cúpula de los militares y de la Marina pudieran acceder a negocios, obtener ganancias y volverse el sector empresarial que más ha crecido en los últimos ocho años, aun cuando en su momento se advirtió que meter dinero al Ejército era una puerta para la corrupción. Este año se publicó un reportaje en El País sobre licitaciones de la Sedena, que revela cómo el secretario de Defensa estaba involucrado en licitaciones amañadas, gracias a las cuales adquirió un departamento a la mitad de su costo real. Un conflicto de interés gigantesco. Si esto hubiera pasado en otro sexenio habría sido un escándalo. Estamos hablando del principal mando del Ejército mexicano. Pocos medios retomaron el tema, nada se dijo en la mañanera, es improbable que se abra una investigación. Esa impunidad garantizada para el Ejército y la Marina parece ser una condición indispensable para su participación en el combate a la inseguridad.

En Permiso para matar se afirma que lo que se libra en México es una guerra y que esta tiene reglas. Si en México la violación de estas reglas queda impune, algo se puede hacer en instancias internacionales. Este septiembre llegan al pleno de la ONU los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado mexicano. ¿Qué piensas de esta oportunidad?

Me parece fundamental. En estos años, hemos vivido en México una captura de las instituciones que podrían haber revisado estos temas. Me refiero a la fiscalía, al poder judicial en general, incluso al inai o lo que ahora se llama Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, instancias que deberían ser vigilantes de estos temas. Hoy estas instituciones están claramente cooptadas. En algún momento tenemos que revisar lo que ha pasado en los últimos veinte años: la legalidad de las políticas de seguridad, las violaciones a los derechos humanos, la cantidad de víctimas inocentes que ha habido en este país. Creo que es un gran momento, más allá de las consecuencias legales. Sabemos que con mucha facilidad se las pueden sacudir, pero al menos alguien tiene que decir lo que ha pasado en estos años en México. No solo bajo los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum, sino también en los sexenios anteriores. En México las instituciones no tienen la independencia ni la fuerza para poder hacer esta revisión.

¿Consideras que, a largo plazo, la estrategia de los grupos criminales es hacerse del poder político del Estado? Pasaron de la subordinación a la complicidad y luego al mando. Primero se apoderaron de las áreas administrativas y de seguridad, pero luego escalaron hasta el nivel de gubernaturas.

El control del poder político es, para el crimen organizado, solo un paso necesario para consolidar su poder económico y su control territorial. Un ejemplo es lo que ocurre en las alcaldías. En México, y creo que se ha documentado lo suficiente, existen regiones completas en donde los alcaldes son colocados en sus puestos por el crimen organizado. ¿De qué ha servido esto? Ha servido no solo para el tráfico de drogas, sino para la transformación que se ha operado en el crimen organizado en los últimos años. Permíteme usar esta idea, que sociológicamente puede ser debatible: el crimen organizado ha creado en territorios completos un Estado paralelo. Sectores importantes de la población tienen que rendirles cuentas a dos Estados: al formal y al informal. Pienso en aquellos municipios en donde los criminales nombran al alcalde, pero además controlan la extorsión y las principales áreas del comercio. Controlan hasta las fiestas populares. Al crimen organizado eso es lo que le interesa, usa las necesidades del poder político para tener ese control. En este país ganar una elección para gobernador te cuesta cientos de millones de pesos de campaña. ¿De dónde sale ese dinero? Una parte proviene del crimen organizado, lo cual genera, por tanto, una relación de complicidad y de dependencia. Además, no existe un solo crimen organizado, existen decenas de grupos. Ninguno de ellos, me parece, está interesado en el poder político en sí mismo, sino en su ayuda para controlar todo lo demás.

Hablamos del gobierno coaligado con el crimen, pero no nos hemos referido a la sociedad coaligada con el crimen.

El crimen organizado se ha metido al tejido social. Es hasta un tema aspiracional. Ante la falta de oportunidades, ¿qué tantas posibilidades tienen de crecer si no es por esa vía? ¿Qué opciones tiene un joven de quince años en Arcelia, Guerrero, o en Ciudad Altamirano? No es necesariamente un tema de voluntad, sino de falta de oportunidades y desigualdad. Hay programas, como las becas para jóvenes, que no me parecen una mala idea. Creo que es un programa mal operado, que le faltan resultados; las becas no son la solución, pero al menos implican una apuesta por enfrentar un problema estructural. Para estos jóvenes el crimen organizado es una alternativa de vida. No responsabilizaría de esto a la sociedad, sino al sistema. En ocasiones estas alternativas son las únicas para salir de la pobreza, pues la impunidad te va a permitir que vivas un buen número de años tranquilo. Hace unos tres o cuatro años se organizó un operativo de la Guardia Nacional para entrar a Arcelia, Guerrero, con el propósito de detener al principal líder de La Familia Michoacana, grupo que domina en esa zona. Quienes se opusieron a esto y bloquearon el camino fueron los propios pobladores. ¿Es complicidad o tenemos que tomar en cuenta que, hace unos diez años, Arcelia era uno de los municipios con mayor número de homicidios en el país y hoy está en los últimos lugares? ¿Por qué? Porque el dominio de La Familia Michoacana se asentó. Si tú fueras poblador de Arcelia, ¿no pensarías que detener al líder puede costarte, otra vez, años de enfrentamientos entre grupos y muertes a montones? Sin que eso implique justificarlos, puedo entender que digan: “Mejor déjenlos en paz, mejor cédanles el territorio.” Eso al menos reduce secuestros y homicidios. “Sabemos que nos van a extorsionar, pero a cambio de tranquilidad.” De todos modos, al Estado le tienen que pagar el iva y demás impuestos sin que ello solucione la inseguridad.

El crimen organizado va carcomiendo la estructura del Estado. Está dentro de las fuerzas armadas y dentro del poder judicial, controlan gobernadores y una multitud de presidencias municipales. La intervención extranjera, a mi juicio, agravaría el problema. ¿Qué efectos tendría desde tu punto de vista?

Coincido contigo en que ni de lejos es la solución. ¿La intervención extranjera enfrentaría el problema de cómo el crimen organizado se ha metido en el tejido social? No. ¿Ubicaría claramente dónde están, qué cómplices tienen? Tampoco. El problema del crimen organizado en México es, de una manera muy importante, un problema social. ¿Cómo vas a extraer al crimen organizado de poblaciones en donde ya se volvió parte de la vida cotidiana? Se me hace muy difícil. Peor aún: la estrategia de capturar a los líderes ha probado a lo largo de los años que no es la solución, lo que ha generado es subdivisiones, aumento de crueldad y enfrentamientos permanentes, como se puede ver en Sinaloa. ~