Un dique para el río de acero

De acuerdo con datos de la ATF, 60% de los rifles de asalto y pistolas recuperadas en México pueden ser rastreadas a ventas realizadas por armerías en Estados Unidos, tres cuartas partes de estas provienen de establecimientos en Texas, Arizona y Nuevo México.
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Tubutama, es un pequeño municipio al norte de Sonora que en julio de 2010 saltó a la escena  nacional tras un enfrentamiento entre organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico que dejó como saldo 21 muertos. En la escena del crimen de Tubutama se encontraron casi una docena de AK-47 pertenecientes a la operación Rápido y Furioso[1] a las que el Buró Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) les perdió el rastro en noviembre de 2009. Hasta que las fallas de la operación Rápido y Furioso desataron un escándalo mediático y político, se pudo determinar el flujo que siguieron desde la tienda de armas Lone Wolf Trading Company, en el 5140 de West Peoria Avenue de Glendale, un suburbio de Phoenix, Arizona, hasta su destino final en Sonora.

De acuerdo con datos de la ATF, 60% de los rifles de asalto y pistolas recuperadas en México pueden ser rastreadas a ventas realizadas por armerías en Estados Unidos, tres cuartas partes de estas provienen de establecimientos en Texas, Arizona y Nuevo México. Sin embargo, las presiones y bloqueos legislativos de la Asociación Nacional del Rifle  hacen casi imposible cualquier intento por regular su compra. Ante este escenario, el tráfico de armas desde Estados Unidos  puede atacarse de manera simultánea desde 1) Estados Unidos por la vía legislativa y mediática y 2) México atacando las líneas de abastecimiento de armas de las organizaciones criminales.

Para impulsar  un endurecimiento en la regulación de armas desde Estados Unidos, sería interesante que organizaciones de la sociedad civil mexicana como México Unido Contra la Delincuencia, México SOS, o Causa en Común, junto con organizaciones estadounidenses que buscan regular la posesión de armas (Brady Campaign, Ceasefire PAo Coalition to Stop Gun Violence) estrecharan lazos para realizar una campaña que busque concientizar sobre los efectos colaterales que el derecho de los ciudadanos norteamericanos a poseer armas está teniendo en el incremento de la violencia en México; y cabildear en Washington para que la ATF pueda regular y registrar compras múltiples de armas.

La Caravana por la Paz con Justicia y  Dignidad que encabezó Javier Sicilia en su recorrido por 20 ciudades de EUA (del 12 de agosto al 12 de septiembre de 2012) buscaba “crear la base de una red de cooperación ciudadana que nos permita incidir en las políticas binacionales. Que los ciudadanos hagamos frente a la ceguera de los políticos y sus intereses tanto en EU como en México”, pero la cobertura mediática de este esfuerzo fue limitada. Las notas resultantes de una rápida búsqueda en internet sobre el paso de esta Caravana se concentran en notas dirigidas al público latino y opiniones emitidas por algunas ONG.

Los resultados de esta Caravana pudieron haberse fortalecido buscando reuniones con la senadora Diane Feinstein, quien se ha caracterizado por ser una de las  más férreas impulsoras del control de armas en Estados Unidos o con Michael Bloomberg, quien además de ser alcalde de Nueva York encabeza la organización Mayors Against Illegal Guns, que busca limitar la venta ilegal de armas en Estados Unidos.

Un movimiento coordinado entre asociaciones mexicanas y estadounidenses con los dos objetivos señalados párrafos arriba, tendría mayor impacto en los medios de comunicación y permitiría posicionarse con mayor fuerza para cabildear en contra de esfuerzos como la iniciativa S.570 que rechaza la regulación de las compras múltiples de rifles de asalto en armerías de la frontera y pretende bloquear los programas que obligan a que cualquier compra de más de dos armas de calibre mayor al .22 y con cargador independiente, sea reportada a la ATF en no más de cinco días hábiles

En México, es necesario que las instituciones de seguridad redirijan parte de sus recursos humanos y materiales a atacar las líneas de abastecimiento de armamento y municiones de las organizaciones y bandas criminales. Para hacerlo, es necesario atacar los grupos responsables de proveer granadas, lanza granadas AK-47, AR-15, pistolas calibres .45, 9mm y las 5.7,  conocidas como mata policías.

Existen esfuerzos (no muchos) en este sentido. Un ejemplo es la averiguación previa iniciada por la Procuraduría General de la República en contra de un par de personas (una de ellas suboficial de la Policía Federal) dueñas de una armería en Tlanepantla, Estado de México por abastecer a organizaciones criminales  del Golfo, La Familia y la Resistencia.

Pero atacar el tráfico de armas no es suficiente. Es necesario ir tras las municiones que emplean las armas preferidas del crimen organizado. Sin ellas, los rifles de asalto y las pistolas no son más que pedazos de metal. El gobierno federal ha realizado acciones en esta dirección y para finales del 2011 había decomisado 13.1 millones de municiones.

También podría impulsarse el canje de armas que como su nombre lo indica busca que la ciudadanía “canjee”, de manera voluntaria sus armas a cambio de despensas, electrodomésticos, computadoras o dinero en efectivo (la cantidad varía dependiendo el calibre y el estado donde opere el programa). Este programa, implementado en la ciudad de México entre 2008-2011, logró recaudar 4,783 armas y más de 31,500 cartuchos. Resultados como este  podrían maximizar, si el programa otorgara mayores recompensas (combinación de becas para estudiar, computadoras y dinero en efectivo) por rifles de asalto (AK-47 o AR-15) y las municiones que emplean (calibres .762 y .223). Además, sería necesario dirigir este programa a las jefas de familia porque que ellas podrían estar más interesadas en sacar de sus hogares este tipo de armas. Un ejemplo reciente de su participación, es el mortero y torpedo entregados por una mujer a las autoridades de los Mochis, Sinaloa a cambio de  computadoras para sus hijos.

En la guerra, una de las principales estrategias es cortar las líneas de abastecimiento del enemigo. La intensidad del flujo de armas y municiones provenientes de Estados Unidos exige trabajar en esa dirección. La tarea es difícil ya que la posesión de armas  es un  tema  sensible para los norteamericanos y como demostró el tercer debate presidencial entre Barack Obama y Mitt Romney, no es un tema estratégico para nuestro vecino del norte. 

Sin embargo, es necesario tomar la iniciativa en el tema y respaldar a las autoridades estadounidenses, ya que son ellas quienes tienen la capacidad de cambiar las reglas para adquirir armas en su territorio.

 



[1]La ATF permitió que 2,500 armas compradas ilegalmente en Estados Unidos fueran enviadas a México con el fin de encontrar un intermediario con las organizaciones del crimen organizado.

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Politólogo mexicano interesado en las políticas públicas de seguridad. Ha trabajado en el gobierno federal y como consultor en temas de seguridad, inteligencia y políticas públicas.


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