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Política

La reforma electoral



Hace pocos días fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la famosa reforma constitucional en materia electoral. ¿Por qué volver a un tema que se discutió y consumó el 11 de septiembre? Tal vez la intención de los editores de Letras Libres sea ofrecer un balance a la distancia. No ha sido fácil, para unos y para otros, digerir la ira y el júbilo que despertó la reforma.

La reforma electoral es producto del tiempo que vivimos. No puede entenderse al margen de las inercias que heredan a México los últimos seis años. Parecería que un golpe al IFE y a los medios era presupuesto de validez del discurso del PRD. Convenientemente sumado al resentimiento de algunos dirigentes del PRI con los medios que transmitieron las desfachateces de Arturo Montiel y con el IFE que próximamente volverá a sancionarlos por rebasar topes de campaña, el rencor se convirtió en mayoría.

Sobre estos rencores se asoma un elemento que los articula y los hace coincidir. Se trata de un revés a la inercia en que envolvió Vicente Fox al Estado mexicano. Se dice y se acepta que Fox entregó el Estado a medios y empresarios. Y se presume que parte de la reforma electoral es un golpe de timón que pretende arrebatárselo. Hay una intención indiscutible de reconstruir equilibrios entre el poder público y los poderes fácticos. Una intención que puede ser legítima y apropiada, pero que siempre acarrea el riesgo de caer en excesos y limitar la libertad.

Así, una reforma de claroscuros está muy cerca de ser parteaguas de una nueva forma de hacer política en México. Como todo, implica avances y costos importantes para la institucionalidad electoral en el país.


I. Se reduce la duración de las campañas electorales, a noventa días en el caso de la contienda presidencial y sesenta en el de las legislativas. Además, se limita por primera vez la duración de las precampañas, que serán de sesenta días para presidente y de 45 para legisladores. Una medida positiva, que permitirá concentrar el mensaje y evitará cansar al electorado con campañas que han llegado a durar prácticamente un año.

II. La reforma destina en forma exclusiva los tiempos del Estado y los tiempos fiscales a los procesos electorales, usando adecuadamente un recurso del Estado para sus fines prioritarios. Como veremos más adelante, sin embargo, esta medida tiene muchos problemas que deberán resolverse en la legislación secundaria.

III. Se prohíbe la promoción personal de gobernantes a través de los medios estatales de comunicación social. Es decir que ya no veremos la cara de los gobernadores presumiendo la obra pública, ni tendremos que sufrir nunca más un espot del presidente hablándole a su pueblo para ganar popularidad o influir en preferencias electorales. Esta prohibición es absoluta, por lo que no se limita a campañas y abarca a cualquier funcionario público en el país.

IV. Se establecen renovaciones escalonadas del Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en abono indiscutible de la fortaleza institucional de ambos órganos. Curiosamente, la reforma tiene un transitorio que cesa de sus cargos a tres consejeros electorales del IFE, mientras que para el caso del Tribunal Electoral simplemente remite a lo que se establezca en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así que el escalonamiento urgía en el IFE, y no en el TEPJF, cuyos actuales magistrados terminarán primero su periodo y posteriormente se iniciará su escalonamiento, como debió haber ocurrido con los consejeros electorales.

V. Un elemento positivo adicional, que tuvo poca presencia en la deliberación pública, es la eliminación de la facultad de la Suprema Corte de Justicia para investigar lo que la Constitución llamaba “violaciones graves al voto público”; una atribución que no tenía ya ninguna justificación, y sí muchos riesgos, contando con un órgano jurisdiccional en materia electoral como es el Tribunal Electoral.


Los avances son tan claros como los costos y retrocesos que implica la reforma, y que sus autores se empeñan en defender a capa y espada:


I. En primerísimo lugar, es absolutamente insostenible que la reforma se haya usado para decapitar al IFE y mermar su autonomía. El IFE era de los ciudadanos y no de los partidos, y la jerarquía política del país decidió retomar su control. ¿Cómo?


1. En primer lugar, el rencor del PRD, el interés futurista del PRI y la inexplicable cooperación del PAN (que no pudo entenderse sino a la luz del quid pro quo fiscal) lograron violentar la inamovilidad de los consejeros electorales. Removieron a tres, incluyendo al consejero presidente, y además adelantaron la salida de otros tres para 2008. La inamovilidad es condición indispensable para que exista autonomía en el órgano. Después de este golpe, no habrá consejero electoral que no esté consciente de que pelearse con los partidos le puede costar el puesto.

2. En segundo lugar, se modificó en forma curiosa el periodo de gestión del consejero presidente. El nuevo funcionario será nombrado por seis años, con posibilidad de ser electo para un nuevo periodo. Esto, en los hechos, implica que la Cámara de Diputados nombrará un consejero presidente por doce años, pero con una sutil aduana a mediados de su periodo, para que los diputados y sus partidos puedan evaluar si se portó bien. Estoy convencido de que la única forma en que la nueva cabeza del IFE podrá actuar con autonomía es si renuncia a esta posible reelección desde el primer día de su gestión. Sólo así, con un acto de dignidad política, podría enviarse una señal clara a los partidos: al consejero presidente lo último que debe importarle es que lo reelijan sus propios regulados.

3. En tercer lugar, se creó con pocos fundamentos la figura de un nuevo contralor general del IFE nombrado directamente por los diputados. Curiosamente, también con periodos de seis años y reelección posible. ¿Con qué funciones? Fiscalizar al interior del IFE el ejercicio de los recursos, con lo que evidentemente se violenta la autonomía y se crea una instancia de control intermedio entre el Consejo General del IFE y la Auditoría Superior de la Federación (que, por cierto, ya audita el ejercicio presupuestal del IFE).

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Comentarios (2)

Mostrando 2 comentarios.

SI DE ALGO VALE MI OPINIÓN Y SER TOMADA EN CUENTA SE DEBERÍA PRIMERAMENTE DE REDUCIR LOS PARTIDOS A QUE QUEDARAN ÚNICAMENTE DOS Y QUE LOS APOYOS EN DINERO NO SE TOMARAN DEL PIB. YA QUE NADA MAS SE MALGASTAN O SE LE QUEDAN LOS MILLONES DE PESOS A GENTE QUE NO TIENE NADA QUE HACER EN LA POLÍTICA Y QUE CUANDO SEAN ELECCIONES PRESIDENCIALES LOS CANDIDATOS APORTEN EL GASTO DE SUS CAMPAÑAS COMO LO HACEN EN EL VECINO PAÍS DEL NORTE Y QUE EL DINERO QUE SE GASTA INÚTILMENTE SE DE PARA PROGRAMAS SOCIALES Y SE PUEDA ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA EN NUESTRO PAÍS..

Por que cambiar una institución que si confia la gente, a diferencia de las camaras,solo por que aplicó la ley a las corruptelas de los partidos políticos,no se olviden de quienes integran las camaras, ¿ y a los partidos quien los audita? van a seguir cambiando si la institución no accede asus caprichos.al pueblo no se le engaña y somos mucho mas listos que cualquiera  de esos políticos mediocres que solo llegan al poder a abusar si no nada más vean la historia de cada uno.Y no estoy enojado solo que ya estoy hasta la madre de que nos sigan viendo la cara de pende......s.

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