Morena podría ser un narcopartido. Más allá del ruido electoral, existen argumentos sólidos para sostenerlo: desde su fundación, algunos de sus operadores confesaron a la DEA que fueron financiados por los Beltrán Leyva para campañas de Andrés Manuel López Obrador. 1 sus dirigentes nacionales diseñaron un esquema de huachicol fiscal, vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo, para financiar campañas locales y ganar varias gubernaturas;2 sus gobernadores en Sinaloa, Michoacán y Tamaulipas, por mencionar los casos más documentados, recibieron apoyo territorial y material de los cárteles a cambio de protegerlos; sin importar la gravedad ni la cantidad de pruebas en su contra, las principales figuras del partido han protegido sistemática y reiteradamente a sus narcopolíticos, aun cuando estén imputados en Estados Unidos, como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, o existan sentencias que reconocieron que llegaron al poder gracias a la intervención del crimen, como el caso del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.3
La oposición propone una solución simple, heroica y rentable: muerte al narcopartido. Y ahí es donde empieza el verdadero problema. Terminar con la narcopolítica es un reto mucho más grande que vencer a Morena en las urnas o enjuiciar a sus integrantes. Para lograrlo, no solo hay que cambiar al rey en el trono: hay que romper la rueda, un ciclo de luchas por el poder que empezó a girar desde los años setenta, y que escaló desde la protección a criminales de poca monta hasta la infiltración estatal de redes macrocriminales capaces de cometer atentados terroristas de escala nacional ante la captura de su líder, como sucedió tras el asesinato de “El Mencho”.
Para entender cómo funciona realmente el narcoestado, no sirve tanto ver cómo se aplica la ley, sino cómo se permite su rompimiento selectivo: a quién se tolera, a quién se persigue y a quién se le cobra por esa tolerancia.4 El modelo García Luna (proteger a un grupo criminal, ayudarlo a erradicar a sus competidores y lucrar política y económicamente con esa protección) no fue una innovación del calderonismo: la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense y la Dirección Federal de Seguridad (DFS) fueron las primeras en aplicarlo en la década de 1970.
Primero, la CIA protegió a Alberto Sicilia Falcón, el primer traficante en construir una red internacional de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.5 En 1975, Sicilia fue detenido en un operativo conjunto de la DEAy la policía del Distrito Federal. Ahí inició el eterno retorno de los narcos, los narcopolíticos y las narcoagencias de seguridad. Ahí tiene su raíz la guerra contra las drogas impulsada por Nixon, que es condición de posibilidad para que nazca un mercado negro y las estructuras criminales necesarias para explotarlo. Ahí fueron creados los primeros traficantes catalizados por la protección oficial. Ahí, las agencias de seguridad empezaron a refinar su método: alimentar a un depredador para que asesine a los demás y se convierta en el siguiente riesgo de seguridad. Y ahí mismo, desde un inicio, los poderosos vieron en las drogas y la violencia una oportunidad más para incrementar su capital político y económico.6
La detención de Sicilia fue un ensayo de la Operación Cóndor y de una larga lista de operaciones de cooperación entre las agencias de seguridad estadounidenses y mexicanas. Fue, además, la primera de varias detenciones para debilitar a los adversarios del Cártel de Guadalajara (antecesor del Cártel de Sinaloa, antecesor, a su vez, del CJNG) y facilitar su consolidación. La caída de Sicilia, la caída de Félix Gallardo, la caída de García Ábrego, Arellano Félix, Cárdenas Guillén, “El Chapo”, Caro Quintero y “El Mencho”, todas han seguido aquel primer modelo. Es eso, para quienes observan con atención, lo que hoy sucede con los Cabrera Sarabia en Durango, La Línea en Chihuahua y Los Salazar en Sonora. Y “pensar que alguna vez haya de repetirse todo tal como lo hemos vivido ya, y que incluso esa repetición haya de repetirse hasta el infinito”.7
Sin embargo, en nuestra contra, este eterno retorno no ha sido siempre igual a sí mismo, sino cada vez peor. Aunque la rueda gira desde hace mucho, ha cambiado de naturaleza. Los primeros narcotraficantes eran criminales de poca monta, improvisados, sin dinero ni poder, que debían pedirles permiso a gobernadores, alcaldes, jefes policiacos o funcionarios de rango aún menor para operar. El narcotráfico estaba subordinado a la política y sus ganancias palidecían frente a otros mercados. Con el paso de los años, bajo ese arreglo se consolidaron los cárteles que formaron “La Federación”: una alianza de organizaciones criminales autorizadas por el Estado que se repartían las rutas del tráfico de drogas del país, enteraban a las autoridades y contaban con su protección para operarlas.
Con la transición democrática, la competencia electoral y la ambición de poder (no la democracia como tal) terminaron con la etapa de los cárteles subordinados y organizados. En 1989, el mismo año en el que Ernesto Ruffo Appel (hoy preso, aunque con un expediente judicial débil y politizado) se convirtió en el primer gobernador de oposición, el Cártel de Tijuana rompió con el Cártel de Sinaloa. Tras su primera detención, “El Chapo” declaró ante un militar que los Arellano Félix eran amigos de Ruffo y tenían negocios inmobiliarios con su hermano.
Desde el momento en que se rompió el orden autoritario del priismo hegemónico, la rueda narcopolítica adquirió un nuevo principio: la entropía. El poder soberano para decidir a quién no aplicarle la ley mutó: pasó de las manos de un régimen corporativo y autoritario a las manos de múltiples actores políticos, que, en su ambición por hacerse del poder, estaban dispuestos a venderse a cambio de apoyos criminales. Y esto, a su vez, otorgó una ventaja competitiva a las organizaciones del crimen. Para algunos políticos, pactar con el narco ya no solo era un privilegio ilícito al que se tenía derecho como gobernante, sino una diferencia crucial y, a veces, “necesaria” para llegar al poder.
Los estragos de la narcopolítica caótica fueron peores donde el poder de las organizaciones criminales era mayor. En Sinaloa, donde prácticamente todos los gobernadores habían apadrinado al Cártel de Sinaloa, los gobernadores dejaron de ser los “jefes de plaza” para cederle ese lugar a los narcotraficantes. En Michoacán, donde la pluralidad social y criminal era más amplia, los conflictos por el poder político y criminal fueron más caóticos y sangrientos, y han manchado de sangre cada elección. Y en Tamaulipas, donde el poder del crimen se mezcla con luchas geopolíticas sobre sus hidrocarburos, los cárteles se han vuelto una bisagra para que los poderes políticos y económicos mantengan subyugada a la población bajo un régimen del terror, sin libertades, que ha creado guerrillas locales –como el Cártel del Golfo y el del Noreste– que actúan como feudos de mercenarios con los que hay que pactar (eso dicen quienes han tomado esa decisión) para llegar al poder.
En cuatro décadas, la entropía transformó radicalmente lo que puede entenderse por narcoestado en México. El crimen organizado se infiltró progresivamente en todas las esferas del Estado y adquirió la capacidad para subordinar a más autoridades, sustituir las funciones del Estado y mimetizarse con la clase política.
El primer fenómeno se repite en la mayoría de los municipios pequeños y medianos: para ser alcalde, hay que obtener el permiso del jefe de plaza y acceder a sus exigencias, sin capacidad para resistirlo y sin apoyo de autoridades federales para hacerle frente. Los que se han negado son contados, y la mayoría ha fallado. Es el caso del alcalde de Uruapan Carlos Manzo, que decidió enfrentar directamente esas presiones y fue asesinado, de acuerdo con su viuda y sucesora, Grecia Quiroz, no solo por un grupo criminal, sino por la estructura político-criminal de Leonel Godoy y quienes han gobernado Michoacán desde hace décadas.
En segundo lugar, la sustitución del Estado ocurre cuando un cártel desplaza a las autoridades y asume sus funciones: cobra impuestos, proporciona servicios básicos y emprende misiones humanitarias, como la entrega de despensas tras desastres naturales, hasta volverse el benefactor del pueblo en territorios de Sinaloa, donde la gente cree que “El Chapo” ha hecho más por ellos que el propio gobierno.
Por último, la mimetización ocurre cuando es imposible distinguir un gobierno de un grupo criminal. El caso por excelencia es el exalcalde morenista de Tequila Diego Rivera, que convirtió la estructura completa del municipio (desde los servicios y obras públicas, hasta las oficinas de recursos humanos y recaudación) en una red de cobro de extorsiones al servicio del CJNG, que había financiado su campaña, a cambio de entregarle una cuota fija de varios millones anuales.
Además, durante los sexenios de Morena, la infiltración de las organizaciones criminales ha ganado terreno: alcanzó a las cúpulas del Ejército y la Marina, involucradas en el mayor esquema criminal del país con los casos de huachicol fiscal; capturó a las aduanas, convertidas en un eslabón más de una cadena de contrabando operada con el CJNG; convirtió al crimen en uno de los principales financiadores electorales, ya no solo de alcaldes o gobernadores, sino pactando con la cúpula del partido nacional dominante, cuyo exdirigente nacional Mario Delgado es señalado como presunto intermediario para que varias campañas estatales de Morena fueran financiadas por el mismo esquema de huachicol.
Hasta ahora, nuestro eterno retorno narcopolítico ha sido, siempre, peor a sí mismo. Sin embargo, la buena noticia es que también es un mito. El ciclo puede terminar, pero, para que eso suceda, hay que romper la rueda, y no solo cambiar a quien se sienta encima de ella.
El proyecto que coordino –Narcopolíticos.com– nació por la convicción de que no estamos condenados a repetir la misma historia, y de que vivimos un momento crítico para que esta cambie. Aunque, es cierto, Estados Unidos ha sido fundamental en la creación del problema, su presión ha convertido el combate a la narcopolítica en el nuevo paradigma a resolver. Si esa presión deriva en una mejora sistémica o en otra degradación del ciclo, depende de las decisiones de miles de ciudadanos, periodistas, funcionarios y políticos, tanto oficialistas como opositores.
Actualmente, Morena es el mayor beneficiario y accionista de los pactos criminales. Sin embargo, aun con el consenso internacional en contra de la narcopolítica, hemos encontrado que todos los partidos, incluidos los de oposición, no combaten el problema como una cuestión de principio, sino que lo sopesan bajo cálculos de intereses. Cuando es rentable, aceptan su financiamiento, su apoyo y la incorporación de criminales a sus filas. Un ejemplo claro es el de Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey y favorito para ser candidato del PRI y el PAN en Nuevo León, a pesar de haber sido señalado en informes de la embajada estadounidense por proteger a Los Zetas y al Cártel del Noreste, ser responsable de 240 recomendaciones por tortura como procurador estatal e impedir que el relator de la ONU sobre tortura y tratos crueles fiscalizara su gestión. Ahí están, también, las dirigentes de Morena, que adoptaron nuestra propuesta de establecer filtros contra candidatos vinculados con el crimen, mientras planean el regreso de Rubén Rocha Moya en Sinaloa antes de la siguiente elección, arropan a Alfredo Ramírez Bedolla, cuya elección estuvo marcada por la intervención del crimen organizado, acreditada por el propio Tribunal Electoral, y a Leonel Godoy, que ha cobijado a Servando Gómez, “La Tuta”, uno de los principales capos de Michoacán, y ha operado varias narcoelecciones, según informes de la Sedena que hemos publicado. Y ahí está Movimiento Ciudadano, cuyo favorito para competir en Chihuahua, Alfredo “El Caballo” Lozoya, fue detenido en Estados Unidos por registrar sus avionetas con prestanombres, señaladas por trasladar droga en colusión con Los Salgueiro.
Sin embargo, también están quienes han mostrado que romper el ciclo es posible. A Carlos Manzo la decisión le costó la vida, pero su apuesta no fue fallida: cuando lo mataron, su ejemplo se multiplicó y alimentó el crecimiento del Movimiento del Sombrero y las movilizaciones de noviembre de 2025. También han existido casos de éxito, como el exgobernador priista Rubén Moreira que, en plena guerra entre Los Zetas y el Cártel del Golfo en Coahuila, en un momento en el que parecía que la única opción era pactar con el crimen, desmanteló las estructuras económicas de los cárteles y construyó una paz que se ha sostenido por más de una década.
La rueda de la narcopolítica no es una ley de la física ni una condena. Es una construcción humana, contada en dimensiones históricas pero urdida por decisiones individuales. Son esas decisiones, y nada más, lo que permitirá que escapemos a un eterno retorno que se repita, siempre, peor a sí mismo. ~
- Tim Golden, “¿Traficantes de drogas canalizaron millones de dólares a la primera campaña de López Obrador?”, ProPublica, 30 de enero de 2024.
↩︎ - Perfil de Rubén Rocha Moya en Narcopolíticos.com.
↩︎ - Sala Superior del TEPJF, sentencia SUP-JRC-166/2021 y acumulados, 30 de septiembre de 2021. Disponible en Narcopolíticos.com.
↩︎ - Matías Dewey, El orden clandestino. Política, fuerzas de seguridad y mercados ilegales en la Argentina, Buenos Aires, Katz, 2015.
↩︎ - Su antecedente más importante fue Juan Nepomuceno Guerra, quien construyó una red de tráfico de licor en la década de 1930 que, décadas después, se transformaría en el Cártel del Golfo.
↩︎ - Peter Dale Scott y Jonathan Marshall, Cocaine politics. Drugs, armies, and the CIA in Central America, Berkeley, University of California Press, 1991.
↩︎ - Milan Kundera, La insoportable levedad del ser, Barcelona, Tusquets, 1985. ↩︎
