Escuchar el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de su segundo informe de gobierno fue, como siempre que uno le pone atención por más de cinco minutos, adentrarse a una realidad paralela. Ahí, México es “ejemplo mundial” en la respuesta a la pandemia, la economía “ya se está recuperando”, el crimen “va a la baja”, los ecocidios para construir refinería y tren no existen porque “se están sembrando más de mil millones de árboles” y el “liderazgo moral” del “segundo mejor presidente del mundo” está “purificando” al país. Ante esto, sus seguidores aplaudirán, los medios reproducirán y los críticos criticarán. Parece que no hay nada nuevo bajo el sol.
Pero sí hubo algo muy grave en este discurso que vale la pena resaltar y entender. En el tema de someter a “consulta popular” si debe juzgarse a cuatro expresidentes de la República (Salinas, Fox, Calderón y Peña Nieto) por cargos hasta ahora indeterminados, López Obrador desplegó magistralmente dos recursos retóricos demagógicos para manipular a su audiencia: la paralipsis y la falacia ad populum o apelación al pueblo.
La paralipsis (que en griego significa “omitir” o “dejar a un lado”) consiste en decir que uno no va a mencionar algo para luego mencionarlo. De este modo, quien habla genera énfasis sobre la afirmación, no sobre la negación. “No estoy diciendo que el presidente miente todo el tiempo, no pienso afirmar algo así de exagerado, pero muchos detractores así lo creen” es un ejemplo de paralipsis aplicado a nuestro personaje. En ese caso, el énfasis está en “el presidente miente todo el tiempo”, aunque la frase esté envuelta en “no estoy diciendo” y “no pienso afirmar algo así”.
La paralipsis es un instrumento demagógico de manipulación porque permite a quien la usa eludir la responsabilidad ética, política y jurídica de sus palabras. Eso es precisamente lo que busca AMLO: eludir la responsabilidad de lo que dice. En estos días, expertos en derecho y analistas políticos en México han asegurado que la “consulta ciudadana” que impulsa el presidente para “llevar a juicio” a los expresidentes violaría abiertamente los derechos ciudadanos a la presunción de inocencia y al debido proceso. Se afirma también que, legalmente, las palabras del presidente son “actuación administrativa” y tienen efectos que, en caso de dañar los derechos de un ciudadano, podrían considerarse como uso indebido de las atribuciones del cargo.
Pero en el universo lopezobradorista, este escollo puede salvarse si el presidente afirma una y otra vez que está en contra de toda la idea de juzgar a los expresidentes. “He dicho y lo reitero, que yo votaría por no someterlos a proceso pues mantengo mi postura que sostuve en mi toma de posesión, según la cual en el terreno de la justicia se pueden castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir”, dijo en este discurso del 1 de septiembre. En un hipotético juicio, la fiscalía podría argumentar que el presidente no intervino de modo injusto, y que incluso se pronunció públicamente en contra del proceso. Al “tirar la piedra y esconder la mano”, el presidente piensa que puede usar al Estado contra sus rivales sin parecer un déspota.
La pinza se cierra con la falacia ad populum, o “apelación al pueblo”. Este recurso retórico es muy básico, pero muy eficaz, y consiste simplemente en invocar a una entidad superior abstracta llamada “pueblo” y otorgarle intención, voluntad y omnipotencia, como si fuera una especie de deidad. De ahí que, resignado, el presidente diga: “de realizarse la consulta, respetaré el fallo popular, sea cual sea, porque en la democracia el pueblo decide y por convicción me he propuesto mandar obedeciendo”.
Así, con la paralipsis y la falacia ad populum, el presidente logra cuatro cosas:
- Elude la rendición de cuentas por los resultados del presente, al mantener encendido el descontento contra el pasado;
- Destruye la reputación de sus adversarios políticos, pues en todo momento da a entender que son culpables;
- Deslegitima a la oposición, pues al atacar a todos los expresidentes está poniendo en el banquillo de los acusados a la clase política que no es de su partido; y
- Avanza en la destrucción de la institucionalidad democrática.
Esto último es lo más grave, porque la amenaza no es únicamente para los expresidentes Peña Nieto, Calderón, Fox y Salinas. La amenaza es para todo aquel que vaya contra sus deseos, llámense medios de comunicación críticos, organizaciones civiles, fundaciones internacionales o partidos políticos. ¿Quieres contradecir al presidente? Entonces te espera la guillotina reputacional, política, moral y, “si el pueblo quiere”, también la guillotina legal. Tomar literalmente este discurso –y seguir pensando que el tema es la “lucha contra la corrupción” y no la acumulación de poder– puede llevar a la ruina a nuestra joven democracia.
Especialista en discurso político y manejo de crisis.
