1. Pagar masivamente defensores y fianzas para que no estén en la cárcel los que no deben estar. Es más justo y barato que construir cárceles. Restaría pupilos a la escuela del crimen.
2. Encargar a técnicos internacionales (digamos, de la ONU) auditorías de construcciones, instalaciones, ambiente y procedimientos, contra fugas, privilegios, inseguridad, tortura, vejaciones, corrupción e impunidad.
3. Mandar encuestadores y shoppers a las cárceles, para documentar todo lo que se puede hacer y meter ilegalmente, pagando a quién.
4. Monitorear las llamadas que entran y salen de las cárceles, y usar las grabaciones como pruebas contra las autoridades.
5. Publicar calificaciones semestrales de cada cárcel y exigir el despido (cuando menos) de las autoridades ineptas o corruptas.
6. Todas las autoridades carcelarias (desde los custodios hasta la subsecretaria del sistema penitenciario federal) deberían ser certificadas cada seis meses con pruebas de confianza y probidad administradas por una dependencia externa, con personal corresponsable de las irregularidades que no adviertan y aparezcan después.
7. Deberían ser auditados el ejercicio del presupuesto y la normatividad de las operaciones en las cárceles por la Auditoría Superior, sin esperar al cierre del ejercicio.
8. Deberían también ser auditados el trato a los internos, sus visitas y el personal, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
9. Dar preferencia absoluta a imponer la violencia legítima y el Estado de derecho en las cárceles. Lograrlo en esa milésima parte del territorio nacional tendría un efecto multiplicador.
10. Las autoridades delincuentes que están a cargo del sistema penitenciario deben ser el primer objetivo del combate a la delincuencia. ~
(Monterrey, 1934) es poeta y ensayista.
