La lección de la Ley de Amnistía es que Pedro Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa por seguir en el poder. La conclusión que se podría sacar –espero equivocarme– de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Amnistía es que cualquier disparate que haga el poder tiene cabida en la Constitución. 

Como no hay mayorías para reformar la norma fundamental, se modifica creativamente, a base de lecturas partidistas, triquiñuelas e interpretaciones espurias. 

La ley fue un pacto de impunidad a cambio de investidura. El Estado pidió perdón a unas personas que habían cometido delitos a cambio de que otra persona pudiera ser presidente del Gobierno. 

Entre las cosas que se borraron a través de esa transacción está el hecho de que algunos desviaran dinero de los ciudadanos para atentar contra los derechos políticos de esos ciudadanos.

Ahora, hemos conocido que alguno de los negociadores del pacto estaba presuntamente implicado en una trama de corrupción económica: ya se sabe que la vocación de la malversación exige también tener el poder. Sabemos además que los beneficiarios de la ley participaron en su redacción, y que la norma se reformulaba para sortear la acción de la justicia o para incluir (o sea, excluir del castigo) algunos delitos.

Dice la sentencia: “Una cosa es, en definitiva, el fin de la ley y otra la intención última de sus autores. Si del análisis riguroso de la ley resulta la ausencia de otra finalidad que no fuere la pura transacción partidista, sin cobertura en el interés general, la ley será arbitraria. Pero el camino para llegar a esta conclusión no puede ser otro que el examen de la norma. La alternativa que se propone por el recurrente equivaldría a convertir el juicio de validez de la ley en un juicio de oportunidad o bondad política”. 

Por supuesto, uno entiende el necesario espíritu puntilloso, pero el sentido común intuye un elemento de ceguera voluntaria en la decisión de prescindir del contexto, y parece contradecirse con la idea de que la ley “responde a un fin legítimo, explícito y razonable”. El preámbulo prevalece sobre los hechos conocidos: es el triunfo del bullshit. 

Un argumento vinculado que se oye y lee a menudo es la mejora de la situación en Cataluña, que por lo visto debemos a la amnistía. Entre las ventajas de esa idea está que no se puede poner a prueba. No sabemos qué habría pasado sin ella. Y la situación ya se había tranquilizado antes: entre los factores están el 155, el fracaso de la intentona secesionista y el papelón de sus impulsores, la sentencia del Supremo y los indultos. 

Otra ventaja de esa línea argumentativa es que te sitúas a favor de la reconciliación, mientras implicas que quien está contra la amnistía está en contra de la cordialidad, de la convivencia y del bien en general. 

Christopher Hitchens decía que lo que se afirma sin pruebas se puede descartar sin pruebas, así que mi único interés cuando oigo parrafadas en ese sentido es si quien las pronuncia lo hace buena o mala fe, si pretende engañar solo a los demás o también se miente a sí mismo. 

Pero, además, hay algún indicio de lo contrario. Resume la nota de prensa del TC: “el Tribunal declara inconstitucional el artículo 1.1 de la ley por omisión, en la medida en que excluye de su ámbito de aplicación a quienes, en el mismo contexto y periodo, actuaron para oponerse al movimiento secesionista catalán”.

Menos mal que la ley buscaba la reconciliación y la convivencia. 

Publicado originalmente en El Periódico de Aragón.