1.
El tema de la memoria histórica se encuentra hoy aquí en un callejón sin salida. Esta situación se explica por la convergencia de una serie de factores, de los cuales los dos primeros son tal vez los fundamentales. Ante todo, la Transición fue un proceso político complejo, un pulso cerrado con las elecciones de octubre de 1982, tras la violenta recaída del 23-f, donde los protagonistas del cambio se vieron obligados a sortear el obstáculo de quienes todavía controlaban elementos decisivos del aparato estatal (el Ejército en primer plano). Había que pagar un precio, demostrar a los “poderes fácticos” que el tránsito a la democracia no entrañaba para ellos riesgo alguno y la Ley de Amnistía de 1977 fue el reflejo de esa situación asimétrica. La “reconciliación nacional” no llevaba consigo justicia sobre el pasado, sino como propuso Fraga, olvido forzoso.
Esto no excluye que la atención sobre la guerra y el período posterior diera lugar a una creciente bibliografía –hecho que subraya como base de su interpretación en sentido contrario Santos Juliá–, pero de cara a la sociedad, incluso cuando se rozaban temas como la represión, prevaleció la intención de que el relato sirviera de anuncio para un borrón y cuenta nueva. El franquismo fue una pesadilla: ya hemos despertado. No hay más que hablar. La exitosa serie televisiva Cuéntame lo que pasó sería el mejor ejemplo de esa actitud dominante, con el tranquilizador happy end al modo de Hollywood como remate. Ir más allá equivalía a incurrir en provocación.
Y es que, en segundo término, tanto la referida cautela como la intensidad de las sensibilidades contrapuestas remitían al carácter excepcional del acontecimiento fundador: la Guerra Civil de 1936-39. Si tras la Guerra de Secesión norteamericana los buitres siguieron sobrevolando durante décadas el campo de batalla de Gettysburg y las heridas sureñas tardaron tanto en cerrarse, a pesar de tratarse de una capitulación entre caballeros, ¿cómo podía esperarse una reconciliación efectiva, no simplemente política, cuando después de “la Victoria” decenas de miles de republicanos fueron ejecutados y muchos más se convirtieron en una casta inferior sometida a los vencedores, como con otras palabras explica Jorge Semprún en el filme Los caminos de la memoria? (Tengo bien cerca el ejemplo: mi padre, militante de la ugt y oficial del Ejército Popular hubiera sido fusilado por ello de no esconderse como topo en el monte durante tres años; sin cargo alguno en contra, perdió su empleo en la Bolsa de Madrid y no lo recuperó hasta 1976). Balance para quienes pertenecieron a las organizaciones del Frente Popular o defendieron la República, a partir del 18 de julio: ejecuciones sumarias, muertos en las cunetas, vidas destrozadas.
A pesar de lo cual, nadie pone en tela de juicio la Transición ni pretende acusar a los verdugos sobrevivientes –y pensemos que el último muerto de la Guerra Civil lo fue por fusilamiento en 1963–, pero no ha de extrañar que al calor de los hallazgos de fosas y de la Ley de Memoria Histórica surgiera un movimiento para hacer efectiva la justicia hasta entonces negada. Atinado o no en cuanto a sus fundamentos jurídicos, el auto del juez Garzón se dirigía a atender esa demanda, centralizando las exhumaciones y de paso ajustando las cuentas al franquismo. Lo demás ya es sabido.
La única duda concierne al papel que hubiera podido jugar el presidente Zapatero, no en la fase final del conflicto, cuando su apoyo a Garzón ha sido claro, lo mismo que su disgusto ante la evolución del tema en contra de lo que afirma la oposición, sino quizá de modo involuntario en los prolegómenos de la querella contra el juez. En efecto, se da una estridente contradicción entre la iniciativa de Zapatero al promulgar la Ley de la Memoria, en línea con sus referencias al abuelo fusilado, y la declaración de 26 de noviembre de 2008, recogida por el historiador Ricard Vinyes en su introducción al excelente libro colectivo El Estado y la memoria. Aquí Zapatero dice hacerse eco de una saludable actitud de los españoles, que a su juicio felizmente cada vez homenajean más a las víctimas y olvidan al dictador. “Recordemos a las víctimas –propone–, permitamos que recuperen sus derechos [sic], y arrojemos al olvido a aquellos que promovieron esa tragedia en nuestro país”. Curiosa forma selectiva de recuperar la memoria, que coincide con la posición expresada por Manuel Fraga. Es decir, desde su oportunismo habitual, víctimas sí, que son rentables; responsabilidades del franquismo no, que crean problemas. Dada la estricta dependencia jerárquica de las fiscalías, de la Audiencia respecto del Fiscal General del Estado, y de éste respecto del Presidente, en modo alguno cabe excluir que el durísimo informe del fiscal Zaragoza contra el auto de Garzón tuviera ese origen, y que de este modo una jugada de aprendiz de brujo desencadenase luego consecuencias impensadas.
2.
Una de las principales objeciones a la recuperación de la memoria, y por supuesto a la iniciativa de Garzón, ha consistido en negar la utilidad de esa actitud reivindicativa, que en todo caso, dicen, debiera estar reservada para los historiadores. Sin contar con la presencia de una historiografía revisionista, abiertamente legitimadora del franquismo, con amplio predicamento en medios políticos y culturales de la derecha, es necesario destacar que la civil española fue una guerra pas comme les autres. Los altísimos niveles de violencia practicados en ambas zonas son cada vez conocidos con mayor precisión gracias a la labor de los investigadores. Es algo fundamental los españoles del siglo xxi no han de menospreciar, por encima de cualquier visión de la guerra impregnada de romanticismo.
“Paseos”, asesinatos, denuncias mortíferas, integran un denominador común en este sentido. Sólo que a partir de ahí la ponderación de las responsabilidades se vuelve imprescindible. Por parte republicana, ni el Gobierno central ni el catalán estuvieron detrás de los crímenes, y sus hombres más preclaros, el presidente Azaña, el ministro anarquista Juan Peiró, entre otros, las denunciaron con fuerza. En cambio, la sublevación nació para matar, y para matar en masa. Del lado franquista, la guerra fue concebida como una “operación quirúrgica” (declaraciones de Franco al embajador francés Jean Herbette, noviembre de 1935; instrucciones de Mola antes del 18 de julio), una acción sistemática de exterminio de la izquierda española, técnicamente un genocidio. Y eso, como nos enseñara Primo Levi para el holocausto, o como nos acaban de mostrar los actos conmemorativos de la matanza de Katyn, requiere algo más que el relato histórico. Ha de ser objeto de una condena inequívoca, solemnemente sancionada, que impida toda ambigüedad de cara a las generaciones futuras. Los más de cien mil ejecutados por su militancia o por sus cargos en la República, como el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, el ex ministro Juan Peiró, y tantos demócratas más, cuando la guerra había terminado años atrás, son al mismo tiempo víctimas y testigos de una barbarie programada.
Ésta hubiera sido la virtualidad de la puesta en práctica del auto de Garzón, que como viene sucediendo en otros casos y en otros países, tropezó, y de qué manera por la respuesta sufrida, con el principio de no retroactividad de las leyes penales y con leyes previas que como la de Punto Final argentina o la de Amnistía nuestra respondían a exigencias de un pasado difícil (los inicios de ambas transiciones, con el poder militar intacto), pero ahí estaban como obstáculos para que los crímenes contra la humanidad –calificación inmediatamente inferior y más operativa jurídicamente que la de genocidio– fueran reconocidos jurídicamente. (El alcance del término, propuesto por el jurista judeopolaco Rafael Lemkin, se vio recortado en sus dimensiones política y cultural por la Asamblea de la onu en 1948, aplicándose sólo al “exterminio total o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso”.)
3.
En todo caso, ponderación no significa blanco contra negro. Más allá de la violencia de masas, donde ya destaca el protagonismo de Falange en el campo franquista y de la fai y del pce en el republicano, hay episodios que sí pueden merecer la calificación de crímenes contra la humanidad (no de genocidio: fueron coyunturales, no premeditados como el alzamiento militar), caso de la matanza de Paracuellos, en la medida que todo indica su pertenencia a la lógica de exterminio soviética, puesta en práctica por Lenin (y por los blancos) durante la Guerra Civil rusa y luego “perfeccionada” por Stalin. Sobre este punto, no cabe esperar que la Presidencia rusa desclasifique los documentos pertinentes: los telegramas entre la Internacional y su delegado en Madrid, Victorio Codovilla, no son consultables para esas fechas y el archivo de la kgb está cerrado a cal
y canto. Sólo contamos en cambio con el telegrama de Codovilla –accesible sólo entre 1991 y 1994– informando en agosto del asalto a la Cárcel Modelo: rechaza las acciones tumultuarias. La clarificación de Paracuellos, con la verosímil carga de autoría política sobre Codovilla, sobre Orlov, el jefe de la nkvd en España, o sobre ambos, sería así de gran utilidad para alcanzar esa ponderación necesaria. Se cumpliría así la exigencia formulada por Ian Gibson, de que ambas partes limpiaran sus conciencias. Vive aún el hombre que pudiera hacerlo posible, y que indudablemente sabe lo que allí ocurrió, Santiago Carrillo, pero a la vista de las deliberadas inexactitudes y ocultaciones que pueblan sus libros y sus declaraciones, no existe la menor esperanza de que atienda a ese deber moral.
Entre tanto, a diferencia de lo ocurrido en otros países de Europa occidental, los medios conservadores han cerrado filas desde que apareció en el horizonte la ley de Memoria Histórica, por no hablar de los “dos años de Garzón”, como si la reivindicación de la democracia republicana y una valoración precisa del franquismo fueran actos de condena de la transición y pruebas de “guerracivilismo”. Estamos lejos de los días en que el Partido Popular votaba a favor de la concesión de la ciudadanía española a los sobrevivientes de las Brigadas Internacionales. La legitimación implícita del levantamiento militar es la consecuencia inevitable de esa descripción de la República como museo de horrores y revoluciones. Como mucho, admiten que se entierren los muertos de las fosas. Incluso en este punto, cuando la presidenta madrileña Esperanza Aguirre habla de “las víctimas del franquismo” antes que de los “otros”, su propia televisión corrige el lapsus de generosidad.
A partir de ahora, resulta lícito augurar que la memoria democrática relativa a la Guerra Civil y al franquismo seguirá sofocada. Únicamente es de desear que sea atendido el ruego formulado por Primo Levi con destino al museo de Auschwitz: “Haz que el fruto del odio, cuyas huellas has visto aquí, no produzca semillas de nuevo, ni ahora ni nunca”. ~
Antonio Elorza es ensayista, historiador y catedrático de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid. Su libro más reciente es 'Un juego de tronos castizo. Godoy y Napoleón: una agónica lucha por el poder' (Alianza Editorial, 2023).
