“Franco murió en la cama” es la expresión de una doble impotencia. Por un lado, la imposibilidad histórica para la revolución deseada. En España no hemos tenido ni un 1789 ni un 1917 para (re)construir la sociedad y el Estado desde cero. Pensamiento un tanto estrábico si no se atiende a lo que pasó después de 1936: una revolución inversa, donde a la pars destruens de la Guerra Civil le siguió una pars construens reaccionaria que culminó en una “dictadura de desarrollo” efectuada por etapas. Por otro lado, Franco murió en la cama y no solo eso: desde 1808, nuestro país ha hecho gala de una costumbre venerable con respecto al cuerpo físico del soberano. Y es que, a diferencia de Inglaterra (Carlos I), Francia (Luis XVI), Rusia (los Romanov) o Italia (Mussolini), España no ha practicado el tiranicidio en ninguna de sus manifestaciones, sino que los reyes han emprendido viaje o se les ha hecho emprender viaje al exilio como signo de incapacidad o de sanción por su mala praxis gobernante o personal. Fernando VII, la reina María Cristina, Isabel II, Amadeo de Saboya o Alfonso XIII se fueron del país con la cabeza en su sitio, y algún tipo de reflexión similar se podría hacer con la estancia forzosa de Juan Carlos I en la península arábiga.

Leyendo el espléndido No había costumbre. Crónica de la muerte de Franco de Miguel Ángel Aguilar (Ladera Norte, 2025), me pregunté por qué no ha habido entre nosotros quien se haya acercado, metafóricamente, a la Transición desde la teoría del cuerpo político. Es verdaderamente extraño, cuando la filosofía posmoderna ha penetrado en nuestro pensamiento sin mucha resistencia. Entre 1974 y 1975 el cuerpo de Franco se convirtió en un campo de batalla biopolítico. El hecho biológico era inevitable y la parte más realista del régimen apostaba por aquello de “después de Franco, las instituciones” (Jesús Fueyo). Imposible ontológico porque a las instituciones franquistas les faltaba el sustrato elemental de toda obediencia política: la legitimidad. La violencia y el miedo de buena parte de la población sostenían a un Estado agotado en 1975. Su jefe, caudillo y líder también enfermó de forma irreversible en otoño de ese año.

Desde Juan de Salisbury (Policraticus, 1159) hay una tradición medieval sobre la relación entre el cuerpo y las formas políticas. Claro que antes están los griegos: tanto Platón como Aristóteles utilizaron las analogías y metáforas más primarias para describir el Estado como un cuerpo humano donde los órganos y el alma deben encontrar un cierto equilibrio para funcionar correctamente. El organicismo es un tipo de pensamiento que privilegia el todo sobre las partes y que postula unas relaciones de poder más o menos estáticas y jerárquicas. Si tuviéramos más espacio, veríamos que esta idea solo es cierta en parte: la distribución entre órganos (cabeza y corazón) y funciones (sacerdocio, milicia, deliberación y poder judicial) no solo era muy diferente entre épocas y autores, sino que entrañaba opciones simbólicas con consecuencias filosóficas bastante diversas. Para Juan de Salisbury (y luego para Maquiavelo) el príncipe debía cuidar de la salud del cuerpo político, lo que podía implicar el tiranicidio si era mal médico, mientras que, para Marsilio de Padua y Hobbes, el cuerpo político era una unidad orgánica que dejaba atrás cualquier pretensión de dualismo entre el poder temporal y espiritual.

Traer aquí el fenómeno religioso es clave para entender el éxito posmoderno del cuerpo como unidad epistemológica. Debemos a Ernst Kantorowicz, el medievalista de origen alemán, el libro clave que levanta la liebre en torno no solo a la relación analógica entre cuerpo y Estado, sino entre cuerpo y poder. Kantorowicz halla en la Inglaterra de los Tudor la solución jurídica al problema de la objetivación y permanencia del Estado (la Corona). La referencia en el título de su famoso libro a los dos cuerpos del rey evoca a Cristo y su Iglesia: por un lado, el cuerpo natural, que es mortal y está sujeto a las dolencias de la naturaleza y del azar, así como a otras vicisitudes propias de los cuerpos físicos de los otros hombres; por otro, el cuerpo político, que es invisible y místico, formado por la política y el gobierno, y constituido para dirigir al pueblo y la administración del bien común (inviolable por ser incapaz de errar, de pensar mal y de concebir una acción indebida). En definitiva, un cuerpo que es inmortal. Los dos cuerpos forman una unidad, cada uno se contiene en el otro, pero para Kantorowicz parece superior el cuerpo político, que no puede morir nunca: rex qui nunquam moritur.

Esta superioridad es matizable. La importancia del cuerpo físico del gobernante es notable desde que nace hasta que muere: Sergio Bertelli describe en su libro el cuidado material –que iba más allá de lo simbólico– del soberano en la Europa medieval y moderna. El cuerpo puede producir sociedad y Estado en la visión organicista, pero la sociedad y el Estado también pueden producir cuerpo. Y esta es la tesis de Foucault en Vigilar y castigar (1975). “El cuerpo está imbuido de relaciones de dominación: para que sea un cuerpo productivo, primero tiene que ser sometido.” El reo tiene un doble cuerpo, como el rey: el físico, convenientemente torturado y devastado, y el alma o cuerpo espiritual, cincelado por normas sociales y jurídicas que determinan su anatomía política. Por otro lado, con objeto de liquidar el cuerpo inmortal del rey, ingleses, franceses, rusos e italianos hicieron subir al cadalso o colocarse contra el paredón el cuerpo mortal y físico de un monarca. Un cadalso es, entonces, el cimiento sobre el que se basa el Estado moderno, pues el pueblo que inaugura la nueva historia de libertad e igualdad no encuentra mejor fórmula de desacralizar el cuerpo místico del rey que cortar la cabeza de un rey mortal.

En la regalidad cristocéntrica, la primera etapa de la conversión del Estado en una corporación perpetua, Kantorowicz explica que el rey, por analogía con la doble naturaleza de Cristo (divina y humana), era considerado una persona mixta o geminada. A través de la unción sagrada, el monarca terrenal adquiría una dimensión divina que le permitía fungir como representante de Dios (Christus-Rex). Esta concepción legitimaba su poder absoluto solo a expensas de la vigilancia papal o del emperador, ya que el rey no gobernaba generalmente por sucesión dinástica, sino por gracia divina, actuando como la cabeza del “cuerpo” de la nación. El inconveniente de esta construcción es que la teoría del doble cuerpo se debilita: la muerte física del soberano que lleva en su cuerpo transustanciado al Estado y al pueblo conduce a una suspensión de la regalidad y a un vacío de poder. En la Antigüedad y durante parte de la Edad Media, existía la costumbre popular de asaltar y saquear los palacios, residencias o bienes del pontífice difunto en cuanto se anunciaba la “sede vacante”. El sellado inmediato de los apartamentos papales tras la muerte del papa es la expresión, en realidad, de un sistema institucional precario que tiene que reiniciarse con cada cónclave.

Hay en la monarquía franquista fundada en 1947 algo de regalidad cristocéntrica. La Ley fundamental de Sucesión en la Jefatura del Estado atribuía a Franco, nominalmente, la condición de caudillo de España y de la Cruzada (art. 2). La teoría del caudillaje, un adefesio intelectual para salir del paso, atribuía a Franco una legitimidad carismática de corte religioso que no tuvieron ni Hitler ni Mussolini. Aunque quizá sea una simplificación, el caudillo lo era porque se le consideró un “hombre providencial” ungido por Dios para regir la nación. Una especie de rey visigodo. Max Weber apuntó en su sociología del poder que la legitimidad carismática casi siempre es una forma de poder excepcional. Y es un hecho que casi todos los mitos del Estado dictatorial erigidos en el siglo XX en Europa –Italia, Alemania y España– han fenecido cuando el cuerpo de los dictadores se ha consumido o destruido.

Quizá la forma más salvaje de destrucción fue el fusilamiento y la posterior tortura y exposición pública del cuerpo de Mussolini. Hay en Italia una larga tradición literaria que considera el cuerpo del duce como un elemento clave de la construcción del Estado fascista. Sergio Luzzatto explica cómo la masa y Mussolini se proyectaron y complementaron recíprocamente, de tal modo que en el dictador se conseguía una identidad casi total entre el representante y los representados, como si el frontispicio del Leviatán de Hobbes se hiciera realidad en pleno siglo XX. Así termina Antonio Scurati su quinto volumen sobre Mussolini: “Al principio, como al final, solo quedará el cuerpo.” El cuerpo de Mussolini masacrado y expuesto en la plaza Loreto de Milán no solo fue un tiranicidio en el sentido clásico del término, sino una operación constituyente feroz que fundaba la República sobre la violencia física y nuda en el sentido, casi, que le da Giorgio Agamben en su Homo sacer a la figura del derecho romano antiguo. El cuerpo del duce terminó siendo un problema de Estado para la naciente democracia italiana porque, tras su breve secuestro por sus seguidores, el gobierno hubo de dictar un decreto secreto para mantenerlo oculto en un monasterio de Milán durante once años.

Ni Hitler ni Franco tenían atractivo físico alguno. El carisma del primero fue místico y propio de una nueva religión política. El de Franco provenía del condotiero africanista ungido por la gracia de Dios (José Luis Villacañas). Recuerden que Queipo de Llano le llamaba “Paca la culona”. Ambos, sin embargo, encarnaban el cuerpo político en las coordenadas de un Estado personalista que no pudo sobrevivirles. En el contexto del fascismo, entonces, a la fórmula “el rey ha muerto, viva el rey”, bien se le puede oponer, “después del dictador, el diluvio”. Volker Ullrich (Ocho días de mayo, 2023) hace un recorrido sobre la autoinmolación de Hitler en el búnker de Berlín: dos días después de la muerte de Mussolini, sabiendo de la suerte de este y de su amante, se suicida junto a Eva Braun masticando cianuro y disparándose a la cabeza. La destrucción de su cuerpo por sus propios ayudantes mediante una incineración y posterior enterramiento expresa bien la liquidación bélica del Tercer Reich como forma política y jurídica. Hans Kelsen dijo que la ocupación y ruina física del Reich había producido una debellatio: Alemania ya no existía y no era un Estado con personalidad jurídica en el derecho internacional.

En retrospectiva, como ya he dicho, extraña que casi nadie haya reparado en que antes de morir el cuerpo de Franco fue sometido a los rigores biopolíticos más extremos. El hecho es que se le alargó la vida con operaciones escabrosas, bajadas de temperaturas corporales y nuevos tratamientos hormonales. Una carnicería que alcanza niveles paroxísticos en la última operación en el quirófano improvisado en las caballerizas de El Pardo. Miguel Ángel Aguilar da una explicación plausible: el sector duro del régimen, liderado por el yerno del dictador, el médico Cristóbal Martínez-Bordiú, quería mantener vivo al dictador para poder tener opciones en el nombramiento del presidente de las Cortes. El mandato de su titular, Alejandro Rodríguez de Valcárcel, terminaba el 26 de noviembre de 1975 y era una pieza clave en el engranaje sucesorio. El presidente de las Cortes era integrante del Consejo de la Regencia y presidía el Consejo del Reino, órgano al que correspondía designar la terna entre la que el jefe del Estado había de seleccionar al presidente del gobierno. ¿Se imaginan a alguien distinto a Torcuato Fernández-Miranda? En el prólogo del libro del doctor Palma Gámiz (El paciente de El Pardo, 2004), Victoria Prego llega a otra conclusión: el equipo médico habría hecho suyo, sin interferencias externas, el miedo de parte de la sociedad de tener que vivir en una España sin Franco, que en realidad encarnaba parte del cuerpo político español salido del 18 de julio de 1936.

La primera orden administrativa del rey Juan Carlos fue una carta el 22 de noviembre de 1975 al abad del por aquel entonces Valle de los Caídos dictando los términos protocolarios y jurídicos del entierro del caudillo. Todavía hoy se discute si fue Franco o su familia quien decidió su enterramiento en la gran obra civil y arquitectónica del jefe del Estado ya fallecido. En su historia del Valle de los Caídos (1977), Daniel Sueiro señala que, el día de la inauguración del monumento, Franco dijo al entonces arquitecto de la obra: “Bueno, (Diego) Méndez, y en su día yo aquí, ¿eh?” El enterramiento del caudillo tuvo momentos berlanguianos: se ignoraba dónde estaba la lápida encargada años antes, la excavación de la tumba se vio frenada por una canalización del saneamiento y un falangista despistado se cayó en la fosa el mismo día del entierro, resultando gravemente herido. El peso de la lápida y la vigilancia patrimonial del Estado protegieron al cuerpo político de Franco de ultrajes y robos posteriores, como fue el caso ya comentado de Mussolini, Lincoln o la propia Evita Perón.

Sin embargo, esas barreras no impidieron que la memoria democrática se abriera finalmente camino. En 2018 el cuerpo de Franco comenzó a ser repolitizado para ser definitivamente despolitizado. ¿No lo había sido ya por el paso del tiempo? La primera gran decisión del gobierno de Pedro Sánchez fue un decreto-ley (agosto de 2018), que modificaba la Ley de Memoria Histórica de 2007 con el fin de exhumar al dictador: “La presencia en el recinto de los restos mortales de Francisco Franco dificulta el cumplimiento efectivo del mandato legal de no exaltación del franquismo y el propósito de rendir homenaje a todas las víctimas de la contienda”, señalaba el preámbulo. Comenzaba así una guerra jurídica impulsada por la familia, la Fundación Franco e, incluso, la comunidad benedictina del Valle, que acudieron al Tribunal Supremo para evitar que se exhumara el cuerpo. Todo conflicto político relevante en España termina en los tribunales, ya se sabe.

Las sucesivas sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo sobre el “caso Franco” son, hasta cierto punto, divertidas. Por ejemplo, cómo se cumple según el Tribunal el requisito de la “extraordinaria y urgente necesidad” del uso del decreto-ley, después de que el dictador llevara más de cuatro décadas enterrado: como nadie se opuso a la convalidación de la norma en el Congreso, parece que bastaría la fuerza de los números para cumplir con el carácter imprevisto del hecho que se quiere regular. Sin comentarios. Pero lo que más me interesa de los sucesivos pronunciamientos judiciales tras el primer acuerdo del Consejo de Ministros es el tratamiento jurídico del cuerpo del ex jefe del Estado. La jurisprudencia española (Tribunal Constitucional) y europea (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) habían abordado, desde el punto de vista del derecho a la intimidad, algunos casos sobre la disponibilidad familiar de restos mortales privados: un feto fruto de un aborto y los fallecidos tras la explosión de aquel avión procedente de Países Bajos en Ucrania.

Sin embargo, el Tribunal Supremo justifica la singularidad de la exhumación de Franco en el carácter político de su cuerpo: “Fue el jefe del Estado surgido de la Guerra Civil y ocupó una posición central en el ordenamiento presidido por las Leyes Fundamentales del Reino que dieron forma al régimen político por él encabezado y se caracterizó por negar la separación de poderes y el pluralismo político y social fuera del Movimiento Nacional. La singularidad de su figura la convierte, efectivamente, en un caso único en el sentido de que no hay otra en la que desde el punto de vista público se reúnan las mismas circunstancias: la forma de acceder al poder, su permanencia en él durante décadas y la manera en que lo ejerció no tienen parangón.” El procedimiento administrativo acabó con un último acuerdo del Consejo de Ministros por el cual se ordenaba la reinhumación –las palabras y el derecho– del cuerpo político de Franco en el panteón familiar de Mingorrubio (El Pardo), pues la familia quería enterrarlo en la catedral de La Almudena. Se pretendía evitar un mausoleo público que se asemejara al cementerio de San Cassiano in Pennino, donde están los restos de Mussolini (no confundir con San Casciano in Val di Pesa, donde se refugiaba y escribía Maquiavelo).

Nuestro tratamiento de los cuerpos políticos, en definitiva, también es único, como nuestra Transición. No quiere decir que no hayamos tenido episodios de integración pueblo-cuerpo como en otros países: José Antonio vino a hombros y entre antorchas desde Alicante al Escorial para ser enterrado, después de que las momias de Abraham Lincoln y Giuseppe Mazzini viajaran por Estados Unidos e Italia para construir la nación telúrica poniendo en contacto a los ciudadanos con el cuerpo sin vida de sus líderes políticos. En todo caso, vivimos un intenso proceso memorialístico donde se desechan monumentos y se resignifican lugares y cuerpos. El ahora Valle de Cuelgamuros, renombrado legalmente por la Ley de Memoria Democrática (art. 54), fue Valle de Cuelga Moros –topónimo incierto solo hasta cierto punto– y después Valle de los Caídos porque así lo decidió el dictador. Con la privatización del cuerpo de Franco dejamos atrás una parte casi sacral de nuestra historia. Más difícil será salir del francoceno, una industria intelectual y partidista que tuvo gracia hasta que terminó absorbiendo la cultura política de la monarquía parlamentaria. ~