En un juzgado del estado de Campeche, una jueza ordenó el 15 de junio de 2025 que cada palabra que escriba Jorge Luis González, periodista de 72 años, pase por un “interventor judicial” antes de ser publicada. El servidor público revisará previamente sus comentarios y sus conversaciones televisivas de los viernes. González, quien dirigió por décadas el periódico Tribuna, debe ahora solicitar autorización al Estado para poder ejercer la profesión que ha practicado durante medio siglo.

Algunos días después, el 18 de junio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancionó a Karla María Estrella, ama de casa en Hermosillo, Sonora, por haber publicado un tuit en el que señalaba lo que consideraba nepotismo político. Lejos de tratarse de una opinión más en la red social, el tribunal la obligó a pagar una multa, tomar un curso obligatorio y escribir durante un mes disculpas públicas con un texto dictado con precisas fórmulas legales.

El 11 de julio, otro tribunal –esta vez el Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Sexto Circuito, en La Paz, Baja California Sur– ordenó a la editorial Penguin Random House insertar en futuras ediciones del libro Las señoras del narco una réplica solicitada por Televisa. La televisora argumentó que se había difundido información falsa sobre un supuesto catálogo de actrices que vinculaba la industria del entretenimiento con el narcotráfico.

Un par de meses antes, en el Senado de la República, un jurista llamado Carlos Velázquez de León ofreció una disculpa pública al presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, con abogados de la Fiscalía General de la República (FGR) en la misma mesa. ¿El motivo? Haberle gritado el año pasado en un aeropuerto de la Ciudad de México: “¡Llama a tu presidente!”, refiriéndose a Andrés Manuel López Obrador.

Cada uno de estos hechos parecería anecdótico si se le mirara por separado. Pero puestos en conjunto muestran un patrón creciente en México: el Estado no censura la crítica de manera directa o explícita, pero ha desarrollado un sistema de acoso judicial y de criminalización legal de las expresiones públicas.

Los juicios en el país son otra forma de censura. “Es una estrategia de desgaste económico, legal y psicológico”, advierte Artículo 19 en su informe especial “Aumento del acoso judicial contra periodistas en México”, publicado el 25 de agosto de 2025. No requiere de balas ni de sicarios: basta con abogados, tribunales a modo y leyes torcidas en su interpretación.

“Los temas de corrupción, nepotismo o vínculos con el crimen organizado se van limitando y desaparecen de la opinión pública”, señala en entrevista Lucía Moguel, investigadora del Programa de Protección y Espacio Cívico de Artículo 19.

En apenas siete meses de 2025, dice, ya se han registrado más casos de acoso judicial que en cualquier año completo.

Para Mariana Calderón, directora general del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, la lógica es sencilla: “Los actores ya encontraron el camino: usar los tribunales como un mecanismo de desgaste. No necesitan ganar el caso, el proceso mismo se convierte en un castigo.”

El caso González: un interventor para un periodista

El periodista Jorge Luis González pasa sus días confinado en su propio hogar, un hombre de más de siete décadas que ha visto el periodismo transformarse y, a veces, perderse. Lo buscan, lo vigilan, cuenta en entrevista. Por eso mejor se queda dentro. Su casa, hoy día, es la única propiedad que ha logrado conservar tras años de trabajo y se encuentra bajo amenaza de serle arrebatada por un juicio por presunta incitación al odio y a la violencia que considera arbitrario, promovido por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

“Soy prácticamente un recluso en mi casa”, dice el periodista que, por cuestiones de la vida, comenzó su carrera a los catorce años, con un escrito escolar que llegó a manos del gobernador Carlos Sansores Pérez (1967-1973). Ese gesto lo introdujo al oficio y desde entonces fue corresponsal, director, colaborador en múltiples medios, testigo de conflictos internacionales y cronista de Campeche, su tierra natal. Nada, sin embargo, lo preparó para enfrentar el poder que hoy lo acecha.

De la gobernadora Sansores, hija del exgobernador que lo hizo entrar al periodismo, dice que es “agresiva, abusiva y prepotente”. Habla de insultos públicos, demandas judiciales y amenazas constantes. La funcionaria ha sido diputada, senadora y alcaldesa de Álvaro Obregón, en Ciudad de México. En 2021, asumió la gubernatura de Campeche bajo las siglas de Morena, el partido en el poder. Su estilo es frontal y ofensivo: en su programa semanal Martes del Jaguar acostumbra lanzar burlas y acusaciones personales contra opositores y periodistas, un tono que ha trasladado a la arena judicial contra quienes la cuestionan.

González describe un Campeche “terrible”, “como un infierno”. Cuenta que el pasado 7 de abril se bajó de su auto para defender a un muchacho desconocido y los policías, que sabían quién era, enseguida se lanzaron contra él. De pronto ya tenía diez patrullas encima, dice González. “Me pegaron una arrastrada, terminé en el hospital, grave.” Los policías lo retuvieron por más de 48 horas sin presentar cargos y por eso dice que no fue una detención lo que ocurrió con él, sino un secuestro. Después de ser internado los médicos le exigieron quedarse en el hospital para revisar que todo estuviera bien con su salud, porque está operado del corazón. Y mientras tanto, uno de sus amigos solicitó un amparo por lo ocurrido.

El periodista saca las cuentas de la censura: cuando Sansores llegó al poder como gobernadora del estado en 2021, había cinco medios impresos en Campeche: “Ahorita somos el único estado del país que no tiene ningún medio impreso, todo se transformó en plataformas.” Describe cómo los medios tradicionales cerraron durante el gobierno actual.

Su caso ilustra la sofisticación del mecanismo judicial: González enfrenta simultáneamente procesos penales por “incitación al odio”, civiles por “daño moral” y electorales por “violencia de género”. Tres jurisdicciones distintas que obligan a la familia a contratar abogados diferentes para tribunales que operan con lógicas diversas.

El juicio que enfrenta podría dejarlo sin su único patrimonio: su casa, que tiene desde hace cincuenta años, “producto de un crédito del Infonavit”, explica González. La demanda asciende a dos millones de pesos y su familia ha tenido que pagar abogados con lo que tenían ahorrado. Su hijo, constructor de oficio, perdió contratos públicos tras ser identificado como familiar del periodista; su esposa, maestra, mantiene la casa con lo que obtiene de su colegio privado.

González presentó un amparo citando la Constitución mexicana contra la censura previa a la publicación y el 9 de julio consiguió que la sentencia quedara suspendida, pero la supervisión de sus palabras continúa.

Tribuna, el medio del que se retiró hace casi una década, pausó su circulación hace dos años y aun así el acoso persiste. González no se rinde. Mantiene un programa semanal, continúa informando, y mantiene contacto con organizaciones internacionales que defienden la libertad de prensa. “No voy a permitir que me digan con quién ando, qué debo decir o qué debo publicar. Eso es censura total”, asegura, con la convicción de quien ha visto desaparecer medios y plataformas a su alrededor.

Su mirada va más allá de su caso personal. Habla de Campeche y de México, de cómo los políticos manipulan la información, controlan tribunales, y usan la justicia como arma contra los periodistas. Describe cifras infladas, proyectos mal ejecutados como el Tren Maya, pobreza que se oculta, y obras públicas inauguradas sin terminar. Todo, dice, afecta a los más vulnerables: campesinos, comunidades indígenas y habitantes de zonas rurales.

“En mis cincuenta años de ejercicio profesional no había conocido una actitud de este tipo, totalmente violatoria de garantías individuales”, dice González.

Si sigue en el periodismo es por nostalgia. Mantiene ese orgullo e ilusión que tienen muchos periodistas en medio de un clima de precarización, acoso y riesgos. Ha sabido de reporteros jóvenes que han sido insultados y silenciados sin que sus casos trasciendan por ser de medios pequeños y de comunidades apartadas.

Una ama de casa en el banquillo: el caso de Karla Estrella

Karla María Estrella, madre de familia y usuaria de X (antes Twitter), escribió en su cuenta un comentario político en el que mencionó al diputado federal del Congreso de la Unión y actual presidente de la Cámara de Diputados de México, Sergio Gutiérrez Luna, miembro de la 4T, y a su esposa, la diputada federal por el PT, Diana Karina Barreras, pero sin mencionar el nombre de esta última.

El tuit decía: “Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas.” Su comentario breve, de apenas veintinueve palabras, sin seguidores masivos ni respaldo político, desató el descontento de la diputada, quien la acusó de haber ejercido violencia política de género en su contra y un tribunal le dio la razón.

El tribunal la condenó a disculparse durante treinta días consecutivos con un texto dictado por el tribunal, a inscribirse en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y a tomar un curso de “sensibilización”. El tribunal la obligó a no mencionar el nombre de la diputada, en su lugar debió usar las palabras “Dato Protegido”.

La sanción fue considerada desproporcionada incluso por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien calificó la resolución como un “exceso”.

Mariana Calderón, abogada y directora del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, explica que este tipo de procedimientos, pensados para defender la equidad en política, se están aplicando a comentarios aislados en redes sociales. El resultado es un efecto intimidatorio: ciudadanos y periodistas sienten miedo de expresar sus opiniones, enfrentan costos legales elevados y muchas veces terminan censurándose.

El meollo, dice Calderón, no es la herramienta en sí, sino cómo se interpreta y aplica. La ley debe proteger ataques sistemáticos y motivados por el género, no sancionar comentarios críticos aislados.

Estrella quedó inscrita en el mismo registro que violentadores comprobados contra mujeres en el ámbito político. Mariel Montes Castillo y Carolina Burgos, psicólogas y educadoras, organizaron una colecta solidaria para pagar la multa de Estrella, de 10 UMA (Unidades de Medida y Actualización), equivalentes a 1,131.40 pesos mexicanos. La colecta ha recaudado ya más de 20,000 MXN.

El 23 de agosto, Estrella publicó una foto junto con la captura de pantalla de un certificado: “Ya terminé el curso que me pidieron tomar como parte de la sanción por la que fui injustamente condenada. Le digo a mi hijo: ‘me saqué 10’ y contesta el muy hijo mío: ‘muy bien, es tu obligación sacar 10’.”

Editoriales y televisoras: el libro de Anabel Hernández

Más allá de los ciudadanos comunes o periodistas locales, el acoso judicial escaló hasta afectar a la industria editorial internacional. El caso de Las señoras del narco, de Anabel Hernández, adquirió carácter simbólico porque por primera vez un tribunal obligó a modificar una obra ya publicada.

Según Televisa, la obra firmada por la periodista Hernández contiene información falsa sobre un supuesto catálogo de actrices vinculadas al narcotráfico. La cadena logró que un tribunal de Baja California Sur ordenara a Penguin Random House insertar una “réplica” en todas las próximas ediciones del libro.

La editorial denunció irregularidades porque la sentencia fue emitida por un secretario en funciones de magistrado durante la ausencia del titular, que estaba en licencia por campañas electorales.

Roberto Banchik, director general de la editorial, advirtió que este tipo de precedentes afectan no solo a un título, sino a la integridad de las publicaciones y al futuro de la industria editorial entera. “El fallo en nuestra contra coloca en riesgo a la industria editorial en su conjunto. Lucharemos siempre para mantener la integridad de las obras que publicamos”, escribió Banchik a sus autores.

La actriz perseguida por un tuit: el caso de Laisha Wilkins

Al patrón se sumó en 2025 el caso de la actriz Laisha Wilkins, llevada a los tribunales electorales tras publicar un comentario crítico. Wilkins escribió un mensaje irónico en su cuenta de X: “Jaja Dora la censuradora jaaja.” Surgió como réplica a una nota periodística sobre la exdiputada y excandidata a ministra de la Suprema Corte Dora Alicia Martínez Valero. Luego, la exfuncionaria interpuso una queja alegando violencia política por razón de género. El Tribunal Electoral admitió la denuncia y el 20 de junio de 2025 citó a Wilkins a responder.

Lo que siguió fue un proceso formal que colocó a una figura pública en un limbo jurídico que ilustra cómo incluso una burla ligera en redes sociales puede derivar en sanciones. El antecedente muestra el uso del aparato electoral para controlar la crítica, incluso mediante expresiones humorísticas o irónicas.

Wilkins declaró que la acción legal tenía por objeto intimidar y silenciar voces críticas; denunció que los tribunales estaban siendo usados como filtros de discurso político.

El mapa del acoso sistémico

La organización Artículo 19 documentó 51 casos de acoso judicial contra periodistas y medios de comunicación entre enero y julio de 2025. Solo en los primeros siete meses del año. La cifra representa un incremento de 143% respecto a los 21 casos documentados en todo 2024. Equivale a un proceso cada cuatro días.

“Hemos visto esta tendencia exponencial comparado con el año pasado. Es una herramienta que se ha utilizado de forma recurrente”, explica Moguel, investigadora de Artículo 19, quien precisa: “uno de cada dos procesos de acoso judicial se inició abusando de la normativa de violencia política en razón de género. Y no nada más es a periodistas, sino que se ha extendido a ciudadanas y ciudadanos”.

Los 51 casos se distribuyen en diecisiete estados, lo que representa el 53% del territorio nacional, lo cual indica una práctica sistemática, no casos aislados. Veracruz está a la cabeza con diez casos documentados. Artículo 19 identificó que “una misma figura política denuncia por violencia política de género a decenas de personas, a medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil por una mera mención de nepotismo en sus publicaciones”.

Las multas documentadas por la organización oscilan entre dos mil y doscientos mil pesos por comentarios críticos. Como González, que en Campeche enfrenta una demanda por dos millones de pesos con amenaza de embargo de su vivienda.

“Para una persona que se dedica a la comunicación, el costo de tener que defenderse en cualquier materia es altísimo. En el momento que presentas una denuncia ya ocasionaste un daño desproporcionado en la vida de la persona. La simple presentación de las denuncias está logrando callar a las voces críticas”, describe Mariana Calderón.

En Acapulco, Jesús Castañeda del medio ciudadano Acapulco Trends enfrenta a la alcaldesa Abelina López, quien cuenta con “16 abogados” mientras él se “asesora como puede”. Castañeda expuso irregularidades por 898 millones de pesos en el manejo post-huracán Otis. El proceso se desarrolló sin notificarle; se enteró de la sentencia “por el periódico del tribunal”.

La desproporción de recursos es sistemática. Calderón explica: “Los únicos que saben cómo funciona (el ámbito electoral) son los partidos políticos y los actores políticos. Imagínate la desproporcionalidad que implica para la ciudadanía tener que ir al ámbito electoral a defenderse.”

Moguel identifica tres impactos del acoso judicial: “Son a veces multas millonarias, los procesos judiciales implican un gasto bastante fuerte para las y los periodistas. También vemos implicaciones e impactos fuertes en el sentido psicoemocional. El desgaste también es una fatiga tanto física como emocional y se ve en repercusiones, no nada más en las investigaciones, sino en su vida personal.”

La amenaza desde el poder: declaraciones de funcionarios

En julio de 2025, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente López Obrador, declaró cómo se podría recurrir al “nuevo poder judicial” contra periodistas. Ya Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, había establecido el precedente en 2022: “A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre.” La declaración describe el mecanismo que documenta Artículo 19: usar el sistema legal para afectar económicamente a los críticos.

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero (Morena), estableció la retórica oficial al inicio de 2025: “Porque uno desde el gobierno sabe de dónde vienen ese tipo de situaciones… pero tampoco impido a ellos [mis colaboradores] que lleven a cabo cualquier acción legal para que salvaguarden su prestigio.” Navarro llamó a los periodistas “sicarios de la comunicación” y los acusó de buscar “prebendas económicas” a través de la “difamación”.

De las mañaneras a los tribunales

Durante el sexenio de López Obrador, tribunales federales sancionaron el uso de las conferencias presidenciales para intimidar a los críticos. Mariana Calderón obtuvo amparos que establecieron límites: “Las autoridades, si bien tienen en lo individual como sujetos libertad de expresión, cuando están fungiendo como autoridades tienen ciertos límites muy claros. La información que dan a conocer tiene que ser veraz. Tiene que ser información comprobada, tiene que ser información objetiva.”

El amparo de Max Kaiser, resuelto en 2025, estableció que la autoridad “no puede estar emitiendo juicios valorativos ni frases que discriminan o frases totalmente subjetivas” usando recursos públicos. Se reconoció que la sección “Quién es quién en las mentiras” “violó la honra y la dignidad del quejoso al haber hecho todas las menciones que hicieron respecto a él, y esto incluso se reconoce que esta violación a la dignidad y a la honra pudo haber generado un ambiente de violencia”.

Sin embargo, el mismo Estado que fue sancionado por intimidar a los críticos desde las conferencias oficiales ahora usa los tribunales para lograr efectos similares con apariencia de legalidad.

Calderón explica la paradoja: “Hay una herramienta que tenía por objeto proteger a las mujeres… y esa herramienta, pues el día de hoy a partir de criterios equivocados del Tribunal Electoral, se ha podido utilizar para silenciar.” El precedente establece que los funcionarios no pueden usar tribunas oficiales para estigmatizar a los críticos, pero permite usar los tribunales especializados para criminalizar las mismas expresiones.

Un estudio de la Universidad Iberoamericana analizó medio millón de tuits políticos entre enero de 2024 y junio de 2025: encontró una reducción del 23% en menciones críticas a funcionarios específicos tras cada sentencia pública contra los usuarios. La autocensura opera matemáticamente: cada caso visible genera miles de silencios preventivos.

“La gente está aprendiendo a autocensurarse”, explica la socióloga Patricia Galeana. “No necesitas encarcelar a todos los críticos si logras que cada ciudadano se convierta en su propio censor.”

Durante la investigación para este reportaje, varios usuarios entablaron contacto bajo anonimato. Una maestra del Estado de México: “Me llegó una carta del INE por un comentario sobre nepotismo en mi municipio. Apenas 12 likes. Pagué a un abogado 15,000 pesos y borré todo. Ya no comento nada político.”

De la equidad electoral a la censura

La violencia política en razón de género, regulada en 2017 mediante reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se ha convertido en el mecanismo más utilizado para el acoso judicial. De los 51 casos documentados por Artículo 19, 25 emplearon esta figura.

“El procedimiento especial sancionador se crea para garantizar la equidad en la contienda electoral, hace muchos años, cuando los medios principales eran radio y televisión. Se le faculta al INE para que pueda alterar la comunicación cuando había uso de recursos privados para contratar radio y televisión”, explica Mariana Calderón como origen del problema.

El modelo buscaba regular spots publicitarios irregulares. “Ese modelo que se crea en ese momento se ha ido adaptando a través de criterios tanto del INE como del Tribunal Electoral y el día de hoy ese modelo es el que permite que tengamos una autoridad que pueda estar interviniendo en la comunicación en redes sociales”, detalla Calderón.

Ruby Soriano, periodista independiente de Puebla, fue sancionada por mencionar la trayectoria política de una diputada que había militado en múltiples partidos. El Instituto Electoral de Puebla reconoció que su publicación no constituía violencia de género, pero la sancionó argumentando que “algunos comentarios de usuarios sí lo hacían”, responsabilizándola por expresiones de terceros.

Artículo 19 documentó que cinco mujeres periodistas fueron víctimas de acoso judicial por presunta violencia de género en el primer semestre de 2025, lo que revela cómo el propio instrumento se utiliza contra quienes pretende proteger.

Moguel explica la ambigüedad normativa: “Hay muchas lagunas, hay mucha ambigüedad en la norma y, claro, si bien sí hay casos de personas periodistas que hacen comentarios machistas, misóginos y que ejercen también violencia bastante simbólica en contra de funcionarias públicas, de candidatas, y que es necesario que se vayan erradicando poco a poco estos discursos y estas narrativas que son reprobables, también hemos visto casos en que las medidas son totalmente desproporcionadas.”

Como documenta Moguel: “Es una obstaculización del derecho a la libertad de expresión, la censura, la inhibición… es un debilitamiento del debate público. Los temas que tienen que ver con corrupción, con nepotismo, con vínculos con la delincuencia organizada se van a ir limitando.”

La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que eliminar contenido vulnera el derecho ciudadano a “recibir cualquier información, a conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenas y a estar bien informada”.

En Nuevo León el colectivo Despenalizando la Palabra busca derogar los delitos contra el honor, respaldado por Artículo 19 y la ONU. La iniciativa enfrenta la resistencia de un sistema que ha encontrado en el acoso judicial una herramienta de control. “No hay nada más peligroso en una democracia que no poder tener libertad de expresión y que no tener información. La ciudadanía tiene que poder discernir entre la información buena, la mala, la regular. Pero no se puede impedir que esa información llegue a la ciudadanía”, señala Calderón.

González identifica el patrón en su experiencia: “En el país no nos hemos preocupado los periodistas por tener un enfoque integral. No solamente es acá en Campeche, es a nivel país. Creo que llegó el momento de tomar medidas. El sector periodístico es un sector intelectual –en su gran mayoría, porque, bueno, también tenemos algunas sombras–, pero creo que tenemos los elementos y debemos buscar relacionarnos con gente incluso de la oposición porque los morenistas son los que han venido atropellando los derechos de los mexicanos en el aspecto comunicativo.”

A sus 72 años, González tiene el plan de permanecer en su casa, con su programa de radio pregrabado de los viernes para evitar censura en vivo. “Ya le quedan dos años”, dice sobre el mandato de Sansores. Y en ese tiempo puede ocasionar mucho daño, agrega, “incluso con un día que le quede”. ~