Javier Duarte se convirtió en la representación más grotesca de aquel cacique de pueblo que el humorista Rius dibujaba como personaje estereotípico del priismo corrupto, prepotente y cínico, para el que daba lo mismo atender los asuntos de gobierno desde la cantina que desde la Presidencia Municipal.
Recientemente al hacer un breve recuento de su legado, La Jornada Veracruz aseguró en un comentario editorial que Javier Duarte demolió las instituciones a tal grado que en los últimos meses de su gestión la ausencia de gobierno y el debilitamiento de la seguridad hicieron de la entidad uno de los peores lugares para vivir por la actividad de la delincuencia, que hace de las suyas a pleno día.
Pese a que se había acreditado que agentes y mandos policiacos fueron responsables de detener a cinco jóvenes en Tierra Blanca y a otros tres en Papantla para luego entregarlos a integrantes de grupos criminales, dejando al descubierto que 41% de sus mandos policiacos y 34% de los agentes de Seguridad Pública estatal seguían activos pese a reprobar las evaluaciones de control de confianza, el Ejecutivo estatal presumía que mientras antes se hablaba de balaceras, de asesinatos y participación de la delincuencia organizada, en Veracruz había pasado a hablarse sólo de “robos de frutsis y pingüinos” en tiendas de conveniencia.
Pero Veracruz se convirtió en territorio de las organizaciones criminales desde su primer año de Gobierno, al punto en que un comando abandonó, a plena luz del día y en el área turística y comercial más concurrida de Boca del Río, dos camionetas de redilas con 35 cuerpos que incluso presentaban huellas de tortura.
Duarte, quien a unos metros de ahí inauguraba un encuentro de Procuradores de justicia de todo el país zanjó el asunto diciendo que “los criminales irremediablemente tienen siempre un final trágico”, en sintonía con su procurador, Reynaldo Escobar, quien afirmó que todas las víctimas habían estado involucradas en delitos como secuestros, robo de autos, extorsiones y homicidios. Al paso de los días, gracias a algunos medios locales, se sabría que casi todos eran jóvenes, algunos de entre 14 y 16 años, y que la mayoría no tenía vínculos con la delincuencia organizada.
Ese sería el tono general de su administración. Duarte descubrió la criminalización de las víctimas como ruta para dar carpetazo a los casos; señalarlas, descalificarlas y atribuirles la responsabilidad en su propio asesinato, sin siquiera haber iniciado las investigaciones, para posicionar ante la opinión pública que la víctima merecía lo que le había sucedido. Como en su momento observaba Human Rights Watch, esta retórica transmite claramente que los crímenes no ameritarán una investigación seria por parte de la autoridad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró el duartismo como “una trágica y violenta época contra la prensa de Veracruz”, pues fue el estado que sumó la mayor cantidad combinada de asesinatos y desapariciones de periodistas en todo el país. Desde el propio gobierno estatal se hacían circular rumores acerca de supuestas listas de periodistas “señalados”, a quienes luego se acercaban funcionarios de segundo nivel, los cuales, a manera de confidencia les comunicaban que su vida corría peligro, que debían dejar Veracruz, pues el estado no podía garantizarles su seguridad.
Todavía a mediados del año pasado, dijo públicamente a los comunicadores que se avecinaban “tiempos difíciles”, los acusó de colaborar con la delincuencia, sin aportar nombres ni pruebas, y lanzó una advertencia repetida: “Pórtense bien”, la cual cayó como sentencia, pues dos periodistas fueron asesinados en los siguientes días. El Gobernador pudo contemplar el éxito de su intimidación.
Pocas autoridades enviaron un mensaje tan claro de que el periodista es mano de obra barata y desechable como Duarte y su ex coordinadora de Comunicación Social, Gina Domínguez, que al tiempo que recurrían a la intimidación, controlaban a los medios vía la asignación convenios de publicidad que alcanzaron los 8 mil 727 millones de pesos, que también sirvieron para comprar a la primera dama, Karime Macías, una columna en medios locales.
En julio de este año Javier Duarte hizo pública su declaración patrimonial. En ella incluyó como únicas propiedades dos casas, con un valor conjunto de un millón 700 mil pesos, y tres vehículos, dos de ellos donados. Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad pusieron en duda la veracidad de la información.
Para ese momento ya se había detectado la existencia de contratos firmados por su administración con una red de 66 empresas fantasma ubicadas en viviendas humildes e incluso casuchas de lámina a las que se habrían pagado mil 270 millones de pesos por la compra simulada de bienes que debían destinarse a personas en situación de pobreza, damnificados por desastres naturales, niños y ancianos.
Eventualmente, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, de la PGR, inició una investigación en su contra por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, congeló 112 cuentas bancarias y aseguró cinco empresas y cuatro propiedades adquiridas con recursos presumiblemente obtenidos de manera ilícita por Javier Duarte y su red de cómplices integrada por amigos, familiares y ex servidores públicos.
Las mismas pesquisas permitieron establecer, que gran parte 253 millones de pesos que el ex mandatario presuntamente lavó para comprar su rancho Las Mesas en Valle de Bravo, Estado de México, fue robado de las secretarías de Salud y de Educación de Veracruz.
La Comisión de Justicia Partidaria del PRI lo expulsó de sus filas, el presidente nacional del partido Enrique Ochoa reconoció que habían arropado a un pillo e intentó hacer control de daños con una frase memorable: “En el PRI no caben los corruptos”.
Antes de solicitar licencia a su cargo, en entrevista con El Universal, Duarte dijo tener las manos y la conciencia limpias. Todo su tiempo y sus esfuerzos habían sido dedicados al trabajo, a contribuir al desarrollo y beneficio de Veracruz. “¿Me veo en la cárcel? No”, dijo categórico.
Lejos quedaron los tiempos en que la primera dama de Veracruz —quien todavía este año recibió como regalo un anillo de 185 mil dólares y unos aretes de 40 mil dólares adquiridos a través de un prestanombres en la exclusiva joyería Berge— aparecía en los diarios locales en Casa Veracruz con un monumental retrato de su marido.
Hoy Javier Duarte está oficialmente prófugo y se ofrecen 15 millones de pesos por su cabeza. ~
Periodista. Autor de Los voceros del fin del mundo (Libros de la Araucaria).
