Portada de El Liberal Metropolitano.

Las letras pequeñas

Sobre el periodismo que genera más dudas de las que ofrece aclarar. 
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“Anarquistas reciben órdenes y dinero” se lee en la portada de una revista capitalina. El reportaje firmado en páginas interiores por dos personas (uno de ellos, director editorial de la publicación) afirma que de acuerdo con “informes de Inteligencia Gubernamental” las autoridades cuentan con gruesas carpetas con información detallada de los integrantes de grupos que han desatado la violencia en el marco de protestas sociales, las cuales incluyen su dirección, los nombres de quienes los protegen y de las personas que les dan órdenes y dinero para hacer desmanes.

La revista dice haber corroborado que los señalados no son estudiantes ni tienen una forma honesta de vivir. “Varios de los detenidos se ha constatado que son infiltrados y pertenecen a una dependencia gubernamental o son manejados por algunas de ellas, lo que despierta más sospechas", agrega.

El texto acusa también a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y “diversos organismos de derechos humanos” de apadrinar y proteger a grupos violentos, lo cual —según los reporteros— queda de manifiesto en diversas marchas “donde hasta les hacen vaya para que no los detengan” (sic). Sin ser específico en fechas o incidentes concretos, insiste en que los “anarcos” tienen nexos con autoridades civiles y militares, y su fuente en este caso son “diversos videos subidos a las redes sociales”.

De pronto, asoma el despropósito presentado como revelación periodística: se asegura que la Procuraduría General de Justicia del D.F. tiene rostros e información personal de quienes han provocado la exacerbación de la violencia desde la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto. “De manera exclusiva” la revista ofrece a sus lectores mostrar los expedientes de 15 delincuentes, pero lo que en realidad publica son los registros de detenidos, las puestas a disposición realizadas por elementos policiacos durante el enfrentamiento del pasado 20 de noviembre con un grupo violento en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Los editores publican las fichas policiacas en las que se puede ver el rostro de cada uno de ellos, así como su domicilio (incluido un menor de edad), ignorando cualquier criterio de protección de la información concerniente a la vida privada y los datos personales de los detenidos, poniendo en riesgo su seguridad. El trabajo periodístico omite mencionar que de ese grupo solo se consignó a cuatro por los delitos de ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad, además de que tienen el carácter de probables responsables, lo que no implica de entrada su responsabilidad penal.

Por ningún lado aparecen los nombres de quienes patrocinan la violencia, de las órdenes que dan a los vándalos, ni las dependencias de las que salen los supuestos infiltrados. Tampoco hay un relato coherente que permita pensar que los detenidos en estos hechos tengan alguna relación con los numerosos enfrentamientos con los cuerpos de seguridad pública o la violencia callejera registrada desde 2012. Lo que sí es posible saber, es que el cuestionable material periodístico publicado salió de una dependencia del gobierno local en un ejercicio indebido del servicio público.

Hay que leer las letras pequeñas, buscar en el directorio al dueño de la publicación y después hacer un poco de arqueología, remontarse hasta el año 2000 y encontrar su nombre vinculado a una tragedia: socio del Grupo Titanium, propietario del centro nocturno Lobohombo, donde murieron 22 personas durante un incendio.

Hoy, su revista tiene solo un anuncio del Nacional Monte de Piedad en la cuarta de forros, no hay registro de ella en el Padrón Nacional de Medios Impresos de Segob, ni parece haber firmado contrato alguno de publicidad con dependencias del Gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, sus páginas se alimentan de propaganda de funcionarios; hechos que en un diario merecerían acaso unas líneas, merecen aquí planas enteras: la designación de la nueva coordinadora de Comunicación Social de la Asamblea Legislativa, el informe de un gobernador, las actividades del Instituto de Verificación Administrativa, las jornadas de salud en el sistema penitenciario de la ciudad, las actividades del delegado en Benito Juárez, Jorge Romero, que curiosamente son una copia, palabra por palabra, de los boletines que emite su oficina de prensa.

Prácticamente inexistente en el panorama editorial, en los hechos, la revista reproduce gacetillas disfrazadas de notas de interés periodístico sin que queden muy claros los compromisos que se establecen con las autoridades o, en su caso, de qué partidas salen los recursos que pagan esa publicidad ni los criterios bajo los cuales se habría asignado.

El exsocio de Lobohombo ha establecido una relación suficientemente cercana con autoridades capaces de filtrarle documentos que contienen información reservada por ley. A cambio, su revista devuelve un reportaje que manipula y descontextualiza hechos, generaliza sobre quienes participan en protestas; los acusa de incendiar el país amparándose en la “libertad de expresión que solamente sirve a criminales, rijosos, inconformes, violentos y enfermos del alma que pretenden justificar sus desmanes”.

Un periodismo que genera más dudas de las que ofrece aclarar. 

 

 

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