Imagen: Ross McDonnell

Una justicia de civiles armados

Human Rights Watch (HRW) ha sido categórico al cuestionar las decisiones erráticas del gobierno mexicano al validar un modelo de paramilitarismo y crear un Frankenstein que luego nadie controla.
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Dice el relato de Ioan Grillo en el número más reciente de Letras Libres que entre los integrantes de las autodefensas michoacanas hay gente que quiere cobrarse con sangre los crímenes de los Templarios contra sus seres queridos, “hermanos, padres e hijas que les fueron brutalmente arrebatados”. La primera pregunta cuando se reconoce legítimo el origen de estos grupos es si estas personas buscan justicia o venganza; la segunda es si la sociedad tiene claro la diferencia entre ambas de cara al futuro.

Grillo registra evidencias del hartazgo, el distanciamiento entre sociedad y gobierno, grupos que reaccionan a la delincuencia demostrando problemas de eficacia en las tareas del Estado, voces que hablan del fracaso del gobierno a la hora de administrar e impartir justicia. Pero surge una cuestión fundamental cuando la reivindicación del derecho a la legítima defensa se traduce en el avance de civiles armados sobre cabeceras municipales, donde se desarma a policías locales o se toman oficinas de gobierno con el apoyo de fuerzas federales, como en el caso de Parácuaro y Apatzingán.

Hasta hace poco, prevalecía en varios municipios de Michoacán el control de la economía local y el cobro de impuestos especiales a manos de los Caballeros Templarios, quienes administraban un sistema alternativo de justicia mediante el cual resolvían disputas entre particulares y cobraban deudas ajenas. Pero su derrota y repliegue ha dejado en manos de los líderes de las autodefensas y de sus Kalashnikov los conflictos de estas comunidades.

Vistos con simpatía incluso por un sector de la opinocracia mexicana que de inmediato les endosó el cheque del “apoyo del pueblo humilde” y los elevó a categoría de nuevos arquitectos del “fortalecimiento del poder popular”, varios integrantes de las autodefensas han llegado desde las filas de los criminales, mientras que los líderes regionales se han involucrado en pugnas que incluyen acusaciones de delitos y vínculos con la delincuencia organizada que supuestamente buscar expulsar.

Human Rights Watch (HRW) ha sido categórico al cuestionar las decisiones erráticas del gobierno mexicano al validar un modelo de paramilitarismo y crear un Frankenstein que luego nadie controla. “Son grupos que surgen invocando tareas o valores como la autodefensa; con personas que participan voluntariamente pero que luego necesitan recursos para operar y los que no lo hacen, tarde o temprano tendrán que hacerlo y si no lo hacen son objeto de extorsiones, con la posibilidad de que cuando ni estos fondos alcancen muchas veces terminan asociados al narcotráfico que inicialmente combaten”, dijo no hace mucho José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización.

El horizonte proyectado en el texto de Grillo y en las preocupaciones expresadas por HRW ante la posibilidad de que civiles armados reemplacen al Estado en algunas de sus funciones tiene coincidencias con la experiencia que Mauricio García Villegas recoge de un juzgador en zonas de Colombia controladas por distintas milicias, donde la única manifestación de la existencia de un gobierno eran los profesores que aparecían cada 30 o 60 días a hacer acto de presencia y cobrar, donde los miembros de las milicias le pedían amablemente “óigame, juez, hágame el favor y se retira que nosotros vinimos aquí a matar unos concejales” y él tenía que mirar las matanzas desde la ventana.

Los funcionarios quedaron anulados y los cuerpos policiacos tenían autoridad en el miserable pedacito de calle que ocupaban sus cuarteles, pues más allá era territorio de otros; la ley la hacían y la aplicaban los colonos antioqueños vinculados a las FARC, el Ejército Popular de Liberación o los grupos que realizaban operaciones de limpieza social. “No hay problema en que se quede en el pueblo pero, eso sí, sepa muy bien que aquí los que administramos la justicia somos nosotros”, era la frase que se encontraban los jueces. Así, García Villegas narra cómo las autoridades encargadas de procurar justicia quedan reducidas a trabajadores sociales que resolvían casos de escasa complejidad como los robos famélicos en los almacenes.

En el discurso de José Manuel Mireles, coordinador de las guardias armadas de Tepalcatepec, Michoacán, ya se escucha de la colombianización de las autodefensas, de una hidra con sicarios en las jefaturas, pero también se advierte al caudillo que ve al gobierno como un obstáculo, que no les ayuda porque no les permite avanzar, y que establece un contraste maniqueo al hablar de la paz en las zonas controladas por los suyos y el imperio del delito en “los municipios donde todavía el gobierno es el que gobierna”.

Ioan Grillo señala un elemento fundamental en este problema: la ambigüedad de parte del gobierno del presidente Peña Nieto con respecto a las autodefensas que le permitió sortear la agitación inicial, pero que amenaza seriamente con envenenar el futuro y no permite ver por ahora el largo plazo.

 

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