Con la designación del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas Fosado, se cerró la lista de hombres y mujeres que tienen en sus manos la gestión del proceso migratorio en México, país con el mayor número de sus ciudadanos radicando en el exterior y un flujo creciente de migrantes. Al nombre del comisionado de INM, se suman los de Paloma Guillén Vicente, nombrada subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos, y de Arnulfo Valdivia Machuca, Director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Como parte de este mapa hay que incluir, aunque no sean designaciones presidenciales sino cargos de elección popular, a Ana Gabriela Guevara, quien preside la Comisión de Migración en el Senado de la República y su contraparte en la Cámara de Diputados, Amalia García en la Comisión de Asuntos Migratorios.
La mayoría de estos nombres son poco conocidos en este ámbito. Su designación, por lo tanto, debe entenderse menos como la intención de profesionalizar la gestión de un campo altamente diagnosticado desde sectores sociales, económicos, académicos y políticos, y más como la idea que la presidencia tiene sobre el tema. De ahí que la designación del Comisionado del INM, Vargas Fosado, haya sido la mayor sorpresa de todos, ya que se trata de un personaje que tiene una lista de denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, estado del que fue secretario de Seguridad Pública. Sucede esto cuando del balance del sexenio calderonista (2006-2012) resalta como lo más lo lamentable la larga lista de violaciones a los derechos humanos, asesinatos y desaparecidos. El clímax, sin duda, fue el descubrimiento de fosas con extranjeros asesinados por el crimen organizado con la evidente protección y omisión de algunos servidores públicos del mismo INM en agosto del 2010. La expectativa de que se cambiaría el rumbo y se nombraría a un personaje conciliador que aglutinara la enorme fuerza que el proceso migratorio ha logrado despertar en la sociedad civil mexicana, recibió un balde de agua fría. Es todavía más reveladora la nominación si consideramos que el presidente Peña Nieto, apenas a un mes de tomar el poder, otorgó al padre Alejandro Solalinde el Premio Nacional de Derechos Humanos como un gesto de reconocimiento a su labor salvadora para quienes cruzan por México.
Si a esto se suman el resto de las designaciones presidenciales el panorama es, por decir lo menos, confuso. A la subsecretaría Guillén Vicente lo único que la acerca al tema migratorio es ese lugar común de que, por ser norteña es sensible al asunto. En su biografía política y administrativa no hay antecedentes en el tema migratorio y adicionalmente, no ha hecho declaraciones, mensajes o dado señales que permitan ver la ruta que vislumbra para este campo. En el caso de Valdivia Machuca, el Director del IME en la SRE, la designación no sorprendió del todo, debido a que él fue responsable del tema migratorio del equipo de transición de Enrique Peña Nieto y era obvio que sería un personaje relevante en el tema. Si bien se trata de una designación política, lo que justifica su inserción en el IME es que Valdivia Machuca fue Vicecoordinador Nacional de Asuntos Internacionales y Coordinador Nacional de Atención a Mexicanos en el Exterior del PRI. Sin embargo, dado que su esfera de acción nunca fue en el servicio exterior dentro de la SRE, está por verse cómo separa su propuesta del proselitismo político y la acerca a una gestión eficaz hacia las comunidades mexicanas en el extranjero.
En el caso de las dos políticas que desde el Senado y la cámara de Diputados tienen a su cargo el tema migratorio sobra decir que la designación de Ana Gabriela Guevara, otrora gloria del deporte olímpico, fue una sorpresa hasta para los más ingenuos. Su nombramiento fue visto como muestra clara del poco peso que en esa cámara se da al tema de la migración, sobre todo por la nula experiencia de la Senadora y por el proceso de su nombramiento. Ella quedó en Asuntos Migratorios porque en la repartición de puestos al interior de la cámara esta comisión quedó relegada al final. Los personajes de mayor peso recibieron otras, incluyendo la del Deporte, a la que Guevara aspiraba.Hasta para la misma Senadora Guevara fue una sorpresa. Todavía no se ha visto una acción, programa o proyección del tema y dado el perfil de la encargada tampoco hay grandes expectativas.
Por otro lado, la designación de Amalia García, ex gobernadora de Zacatecas, uno de los estados de mayor experiencia migratoria en el país, puede nivelar un poco la desinformación que otros actores manifiestan en el tema. Hay un punto en contra importante y es que ella se encuentra “desencanchada” de los asuntos migratorios que anteriormente conoció bien, casi diríamos que “como la palma de su mano”. Durante el sexenio que concluyó las coordenadas del proceso migratorio cambiaron de manera dramática. El tema de la emigración, el que mejor conoce, fue desplazado por cuestiones de violencia, violación a derechos humanos, flujo migratorio por el país, nuevas leyes que imponen un nuevo marco legal, una migración de retorno sin precedentes, un panorama hostil en Estados Unidos hacia los migrantes, una nueva demografía y hasta un manejo político de la idea de una “migración cero” como una migración a la baja que hoy se empieza a revertir. Esto implica que aunque la diputada García es versada en los temas migratorios, el tema hoy sobrepasa el marco de su estado de origen y la complejidad del proceso requiere una actualización que ciertamente debe encabezar por el bien de las gestiones por venir.
Así pues, pese a que creímos que con el nuevo sexenio habría un cambio en el perfil del seguimiento al tema migratorio; las designaciones, por lo menos hasta lo que hemos visto, no muestran un giro espectacular ni anuncian tiempos mejores. Sin embargo, dichas designaciones también pueden ser una oportunidad para que amplios sectores que conocen del tema puedan acercar esta información a los tomadores de decisiones y que la presión social obligue a los servidores públicos y políticos a rendir cuentas. Pese a todo el perfil de las designaciones, más cargado a la seguridad que a la protección de los derechos humanos, puede ser nivelado con contrapesos importantes. Por ejemplo, se pensó que el INM sería reformado e incluso se daría el paso histórico de separar la parte administrativa de la parte policiaca que en si misma es una de las principales causas de la problemática del Instituto. La creación de la Unidad de Política Migratoria, como parte del nuevo rediseño institucional emanado de la misma ley de migración fue un avance. Lo que es indispensable es darle plena autonomía y márgenes de acción a dicha UPM para que el INM empiece a modificar la pésima imagen que tiene como una de las instituciones violadora de derechos humanos a nivel nacional. Esta imagen es inaceptable, políticamente insostenible y fuente de desprestigio internacional; lo conveniente es dar un giro de 180 grados. Aún con designaciones que no son claras, lo que sigue es, en todo caso, esperar que cada una exprese sus prioridades, líneas de trabajo y rutas a seguir. Así pues, lo que hagan los designados revelará cómo entiende el nuevo gobierno la gestión de la migración y cómo piensa integrarlo como tema de su política social y política.
Profesora-investigadora y Jefa del Área de Sociología Política y Económica del Instituto MORA
